Ofrecen avanzar en el reconocimiento de la ilegalidad del franquismo, pero los independentistas insisten en tocar la Ley de Amnistía de 1977

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) –

El PSOE y Unidas Podemos quieren que el Pleno del Congreso apruebe el próximo 11 de julio la nueva Ley de Memoria Democrática para su remisión al Senado y trabajan para lograr que ERC se sume a los avances que ya han logrado en sus negociaciones con otros socios, como el PNV, Bildu y el PDeCAT, de manera que el proyecto pueda salir adelante superando el rechazo anunciado de PP, Vox y Ciudadanos.

Por lo pronto, este miércoles ha quedado constituida la ponencia encargada de debatir las enmiendas parciales que los grupos registraron el pasado mes de noviembre y que hasta ahora había permanecido en un cajón, por la falta de acuerdo para poder aprobar el texto.

Los ponentes volverán a reunirse a puerta cerrada el próximo martes y se reservan una tercera cita el miércoles por si fuera preciso, todo ello con idea de elevar su informe a la Comisión Constitucional el martes 4 de julio, ya en debate público. Y si se supera esa votación, algo que los socialistas consideran muy factible, la idea es que el dictamen de la comisión y las enmiendas que puedan permanecer vivas se debaten y voten en Pleno el 11 de julio para dejar enviada la ley al Senado antes del verano.

UN AÑO DESPUÉS DE APROBARLA EL GOBIERNO

De poder cumplirse ese calendario, la norma que amplía la Ley de Memoria Democrática de 2007, quedaría aprobada por el Congreso casi un año después de que saliera del Consejo de Ministros.

Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, los socialistas ya tienen atado el voto de Coalición Canaria, dan por seguro el apoyo de Más País-Equo y Compromís, y han acercado posturas con PNV, el PDeCAT e incluso Bildu. La certeza se la daría ERC y a ellos han dirigido nuevas ofertas para intentar que respalde el texto.

Una de las apuestas de los partidos del Gobierno se refiere al reconocimiento de la ilegalidad del régimen franquista. En la redacción original del proyecto se «reconoce y declara el carácter radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas o ideológicas» y la «ilegitimidad» de los órganos que la dictaron.

El secretario de Estado para la Agenda 2030 y uno de los ponentes de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha mostrado su disposición a «reforzar la conceptualización como ilegítimo» del anterior régimen. «Vamos a recoger más enmiendas a propuesta de ERC para reforzar ese carácter», ha señalado antes de la ponencia, recalcando su voluntad de incorporar también enmiendas de otros grupos.

En concreto, en su enmienda pide que se declare «ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada con el golpe de estado del 18 de julio de 1936 y que estuvo implantado hasta la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978».

JUZGAR CRÍMENES DEL FRANQUISMO

Sin embargo a ERC no le vale con ese reconocimiento para apoyar la Ley y continúa cuestionando la fórmula pactada por los dos socios de Gobierno para dar cabida a la reivindicación de Unidas Podemos de que puedan juzgarse los crímenes del franquismo en España.

Socialistas y morados ya pactaron en su día una enmienda para recalcar que la Ley de Amnistía de 1977, clave en la Transición, se debe interpretar y aplicar conforme al Derecho internacional en particular, el humanitario, según el cual «los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables».

Desde Unidas Podemos se asegura, como ha reiterado Enrique Santiago, que esa redacción abría la puerta a juzgar por ejemplo a torturadores franquistas, pero el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, llegó a reconocer que no tendría en realidad efectos prácticos porque no deroga la ley del 77 sino que, al contrario, ratifica su vigencia y reafirma que se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales.

Santiago ha dejado claro que esa enmienda se incorporará sin cambios al texto, pero ERC sigue exigiendo que se retoque la Ley de Amnistía y que se abra la puerta a una verdadera reparación patrimonial de las víctimas.

En cualquier caso, el portavoz de IU ha reiterado la voluntad negociadora de los partidos del Gobierno y ha mostrado su deseo de que finalmente ERC se avenga a apoyar la norma.

«Estoy convencido de que ninguna fuerza política progresista, democrática y de izquierdas, va a quedarse sin apoyar esta ley situándose donde se va a situar la derecha y la ultraderecha. Este escenario no debería darse», ha señalado, incidiendo en que ninguna «de las fuerzas del pacto de investidura» debería «defraudar al movimiento memorialista».

RESTITUCIONES Y CENTRO VIRTUAL DE DOCUMENTACIÓN

Además, el PSOE y Unidas Podemos tienen prácticamente cerrado ya un acuerdo con el PNV, algunas de cuyas propuestas ya fueron introducidas en el proyecto de ley aprobado en por el Gobierno y que ahora verán incorporadas enmiendas relativas a la restitución de documentos o bienes incautados personas naturales o jurídicas así como de partidos políticos o sindicatos.

En la misma línea van algunas de las enmiendas del PDeCAT que podrían incorporarse al texto y otras destinadas a respetar las competencias autonómicas en materia de memoria democrática.

PSOE y Unidas Podemos también cuentan ya con el sí de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, a la que le han aceptado sus dos enmiendas. Una prevé la creación de un Centro Virtual de Documentación al que puedan incorporarse documentos de comunidades autónomas –o incluso de entidades de fuera de España– mediante convenios de colaboración con el Centro Documental de la Memoria Histórica y otra que esos convenios autonómicos cuenten con la correspondiente financiación en la Ley de Presupuestos.



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