Redacción | Hace apenas una semana las declaraciones de los ministros Ábalos e Iceta venían a reconocer la intención del Gobierno de coalición, del PSOE y Unidas Podemos, de tumbar la ley que regula el precio de los alquileres en Catalunya. La movilización popular esta semana ha conseguido frenar parcialmente esta decisión del ejecutivo, pues aunque seguirán adelante presentando el recurso al Tribunal Constitucional, no se efectuará la paralización de la medida de forma inmediata.

Así lo explican en un comunicado hecho público hace unas horas por el Sindicato de Inquilinas celebran, donde condenan que “el Estado recurra la ley, llevándola al Tribunal Constitucional, cuando es sabido que no tiene ningún tipo de obligación legal de hacerlo”. Y es que le decisión de dar este paso compete únicamente al Gobierno central. Como reconocen desde el Sindicato de Inquilinas se trata de “una decisión política que únicamente busca satisfacer las demandas de la patronal inmobiliaria, y deslegitimar una ley que está consiguiendo bajar el precio de los alquileres. El Ejecutivo está actuando, en materia de vivienda, en dirección contraria a lo que haría un gobierno progresista: en lugar de boicotear una ley que está protegiendo a miles de familias de las subidas del alquiler y los desahucios, tendría que extender esta ley a otros territorios”.

Como “fraude democrático” así califican desde el movimiento de vivienda lo sucedido en estos días a partir del anuncio del Gobierno y los anuncios sobre la futura Ley de Vivienda estatal. Así lo explican en dicho comunicado “Pedro Sánchez no sería presidente sin el acuerdo en el que se comprometía a regular los alquileres. Y el Gobierno no hubiera tenido el apoyo de la Cámara a los presupuestos si no se hubiera comprometido a incluir la misma medida en la próxima Ley de Vivienda y a tenerla lista antes de febrero del 2021. La voluntad del gobierno del Estado de ignorar los acuerdos y someterse a las presiones de la patronal inmobiliaria no es solo un ataque a los derechos fundamentales: es también un fraude democrático en toda regla”.

Y es que tras los primeros seis meses de funcionamiento que regula los precios en gran parte de los municipios de Catalunya los efectos no se han hecho esperar. Como señalan los datos facilitados por el Sindicato de Inquilinas: “la regulación ha hecho caer los precios del alquiler un 4,8% interanual, durante los primeros seis meses de funcionamiento, en los municipios catalanes donde se aplica. En cambio, en los municipios catalanes sin regulación, los precios del alquiler han subido un 1,2% a pesar de la pandemia. Además, el control de precios no ha paralizado el mercado: Barcelona y el resto de municipios regulados registran cifras récord de nuevos contratos, más que los municipios no regulados”.

Defender la vigente ley en Catalunya y extender su desarrollo por todo el Estado solo será posible si se organiza una presión fuerte desde las calles que obligue al Gobierno central a actuar en beneficio de las clases trabajadoras y no de los bancos y especuladores.




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