Redacción | Hoy, 30 de marzo, es el Día Internacional de las trabajadoras del hogar. Hace unos días, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó que el sistema español es discriminatorio por no reconocer el derecho al desempleo al colectivo de Trabajadoras del Hogar y los cuidados, un colectivo feminizado. Lo hizo a través de la sentencia C-389/20 que daba la razón a la petición de una trabajadora del Hogar que en 2019 pidió cotizar al paro, apoyada por su empleadora. La Seguridad Social dio portazo a su petición, diciendo que la legislación española lo prohíbe expresamente.

El caso llegó hasta el TJUE quien señaló claramente que La Ley general de la Seguridad Social, cuyo artículo 251 d., impide a las trabajadoras del hogar a recibir prestación económica en situación de desempleo, es contraria a la Directiva 79/7/CEE de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de prestaciones.

Pero también este colectivo es principalmente migrante. La sentencia reconoce que no hay razones objetivas por las que estas trabajadoras no puedan tener derecho al paro y que, en razón al género (y habría que añadir, procedencia) solamente se está perpetuando roles de precariedad y pobreza en las mujeres migrantes.

Por estas razones y dentro de las reivindicaciones del día de hoy, el Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (SINTRAHOCU), con el apoyo de Miguel Urbán Crespo, eurodiputado de la izquierda europea y miembro de Anticapitalistas, ha interpelado a la Comisión Europea para que se posicione a favor de la equiparación de derechos laborales, el empleo digno y la ratificación del Convenio 189 de la OIT.

SINTRAHOCU es la voz de las trabajadoras del hogar y nació como respuesta al vacío en la representación y defensa de sus intereses como mujeres trabajadoras y migrantes, por parte de los sindicatos mayoritarios. En palabras de Marina Díaz, Secretaria de Acción Sindical de SINTRAHOCU, “Ya que desde Europa nos llega la justicia que el Estado español no tiene voluntad de cumplir, SINTRAHOCU llevará su lucha a las instituciones comunitarias. Hoy día internacional de la trabajadora de hogar, a través del eurodiputado Miguel Urbán, hemos hecho llegar una legítima petición para que la Comisión Europea se posicione e interpele al Gobierno español a que cumpla y haga cumplir la equiparación de derechos laborales para las trabajadoras del hogar y los cuidados. Esto solo es el inicio, pues estamos cansadas de las promesas sin cumplir y de que el Estado español nos trate como a trabajadoras de segunda”.

Ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha declarado que España va a ratificar el Convenio 189 de la OIT. No es la primera vez que un gobierno expresa su intención por ratificar este Convenio, que obligaría al Estado español a la equiparación de derechos laborales, pero, 11 años después, esto sigue siendo solamente palabras y la declaración de la ministra se suma a las promesas gubernamentales incumplidas hacia este colectivo. Además, los hechos contrastan con las declaraciones: Unos días después de la sentencia del TJUE el gobierno de España ha manifestado su intención de acelerar un reconocimiento para una prestación “similar” al desempleo para este colectivo. No obstante, la sentencia es clara al manifestar que cualquier prestación que no ampare a las trabajadoras del hogar en igualdad de condiciones que al resto de trabajadores sería discriminatorio.

Pero eso no es todo, pues no bastará con la ratificación del Convenio 189. Sin atajar la loza que la Ley de Extranjería impone sobre los cuerpos y las voces de las mujeres trabajadoras migrantes, no se podrá ofrecer una respuesta integral para casi un millón de mujeres trabajadoras del hogar de las cuales, las que tienen contrato, solo tienen la opción del régimen especial y las que no, habitualmente por no contar con situación regularizada, solo permite unas condiciones sujetas a todo tipo de abuso. Sin derogar la Ley de Extranjería, miles de mujeres en situación irregular y sin contrato, simplemente seguirán a merced de la explotación laboral por su condición de mujeres migrantes y sin derechos.

Entre una legislación laboral discriminatoria que institucionaliza la precariedad del trabajo doméstico y la semiesclavitud escondida en la economía sumergida para las “sin papeles” no se puede exigir menos que la ratificación del Convenio 189 y la derogación de la Ley de Extranjería. En palabras de Marina Díaz, “Como mujeres migrantes, nos hemos encontrado con el racismo y la incomprensión e incluso se nos ha llegado a acusar de competencia desleal por “abaratar” nuestra fuerza de trabajo, sin tener en cuenta las complejidades tras los procesos migratorios y la invisibilidad a la que nos somete la Ley de Extranjería. SINTRAHOCU quiere ser una herramienta útil para responder a esta realidad y llenar este vacío: la dignificación del trabajo remunerado del hogar y los cuidados y luchar por equiparación de derechos laborales, que es una lucha antirracista”.



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