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el DiarioSolidario
40.749 personas han fallecido por Covid-19 en España según datos del Ministerio de Sanidad, a 15 de noviembre de 2020. En un primer momento, diversos estudios estimaron que alrededor del 70% falleció en residencias de personas mayores. Ahora mismo, se está a la espera de que el Gobierno central publique un informe que situaría este porcentaje entre el 50 y el 47%, afirma Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional denuncia en un nuevo informe titulado Abandonadas a su suerte: La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID19 en España que las medidas adoptadas por las autoridades para responder a la pandemia Covid-19, en Cataluña y Madrid, han sido ineficientes e inadecuadas y han vulnerado al menos cinco derechos humanos de las personas mayores residentes.
“En las residencias se ha violado el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores. Además, las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte digna”, director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.
Falta de protección
La falta de protección del personal, que no contaba con EPIs (equipos de protección individual) ni pruebas (PCRs). Y por otro, personas residentes no disponían de asistencia sanitaria adecuada, quedaron excluidas de la derivación hospitalaria de manera generalizada y tampoco recibieron la atención que necesitaban en las residencias, a pesar de la “medicalización” anunciada por las autoridades. Asimismo, la incomunicación ha sido generalizada. Efectos muy acuciantes en residencias de Madrid y Cataluña, durante la primera pandemia – marzo y principios de abril.
“Una emergencia sanitaria no es excusa para no atender adecuadamente a las personas mayores. Las residencias no son aparcamientos de gente mayor. Los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, no puede depender del grado de dependencia. Las autoridades deben protegerlos”, dice Beltrán.
La ONG denuncia que pese a las mejoras en la segunda ola, se siguen repitiendo la vulneración de derechos. No están plenamente garantizadas las visitas a familiares, que en la práctica continúan dependiendo de la decisión de cada residencia. Además, las disposiciones en los protocolos de derivaciones de Madrid y Cataluña, resultaron discriminatorias y no han sido aún modificadas. Del mismo modo, todavía no se han tomado medidas de refuerzo de personal.
Gracias al esfuerzo del personal sanitario y de residencias, la situación de muchas personas mayores en residencias ha sido más humana y, en algunos casos, han podido recibir una mejor atención.
Personal sin protección ni recursos
La falta de protección en las residencias ha sido una máxima. Diana, trabajadora de un centro público de Madrid, cuenta que cuando comenzó la pandemia a mediados de marzo: “ya que no nos daban EPIS, optamos por hacernos los EPIS de la fortuna o de la gloria, batas con bolsas de basura, calzas, gorros de plástico, no hemos tenido ningún tipo de protección”.
En Madrid y Cataluña, la decisión de no derivar a personas mayores enfermas a hospitales se llevó a cabo a través de diferentes mecanismos de criba. Hubo personas mayores residentes necesitadas de atención médica que no pudieron acceder a un tratamiento adecuado contra el Covid-19 u de otras patologías que padecían, ni en el hospital, ni en la residencia, como habían anunciado las autoridades.
Elena Valero perdió a su padre en marzo en una residencia de Madrid. “No le derivaron a un hospital a pesar de estar grave. Estuvo cuatro días muriéndose. Hablé con el médico desesperada para que le derivaran, pero me dijo que les habían prohibido llevar a los enfermos de las residencias a los hospitales, que solo podían ponerle oxígeno y paliativos hasta que su cuerpo aguantara. Vivo a 300 metros de la residencia y cada vez que me asomaba al balcón era horrible saber que mi padre se estaba muriendo tan cerca y no podía cogerle la mano, despedirme de él…”
En el momento más grave de la pandemia las personas residentes estuvieron confinadas en sus habitaciones durante largos períodos. La restricción que supuso el encierro “de facto”, añadido a la falta de supervisión eficaz por parte de las autoridades estatales (Fiscalía) y autonómicas (servicios de inspección) supuso una vulneración de los derechos a la vida privada y familiar de las personas mayores, según recoge la organización.
Segunda ola
Amnistía Internacional remarca que ante la segunda ola de la pandemia, las autoridades, y en particular en Madrid y Cataluña, deben adoptar medidas urgentes para garantizar que cualquier decisión para combatir la pandemia respeta los derechos humanos, en particular los derechos a la vida, a la salud y a la no discriminación de las personas mayores que viven en residencias.
A corto plazo, es necesario que las comunidades autónomas aseguren que las decisiones sobre la atención médica en las residencias se realizan con base en evaluaciones individualizadas. Asimismo, deben eliminarse ya las disposiciones de los protocolos de derivación de Cataluña y Madrid. Además, el contacto regular de familiares y residentes debe estar garantizado.
Más a largo plazo, la ONG subraya que es necesario que el Gobierno impulse la tramitación de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas residentes en todo el Estado. Asimismo la Fiscalía y en especial la Fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores debe seguir de cerca la situación en las residencias e impulsar investigaciones de rendición de cuentas cuando se produzcan abusos o irregularidades. Es necesaria, de igual forma, realizar una apuesta decidida por el sistema público de salud que garantice la igualdad, lo que significa una mayor inversión de recursos.
Ciberacción
Amnistía Internacional ha puesto en marcha una ciberacción dirigida a las Consejerías de Sanidad y Asuntos Sociales de las Comunidades Autónomas. en su centro de activismo online www.actuaconamnistia.org para conseguir que se pongan en marcha de forma urgente medidas concretas que protejan los derechos humanos de las personas mayores que viven en residencias.
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