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Chile conmemora este lunes los 50 años del golpe de Estado militar contra el Gobierno democrático del socialista Salvador Allende. El bombardeo a La Moneda del 11 de septiembre de 1973, que dio paso a 17 años de cruel dictadura de Augusto Pinochet, con 3.200 muertos –más de mil personas que se encuentran todavía desaparecidas–, prisión política, tortura y represión, sigue quebrando al país. Pese a que han transcurrido 33 años desde el retorno a la democracia en 1990, y que Chile ha reconstruido sus instituciones democráticas con el esfuerzo de todos los sectores políticos, no existe consenso entre los ciudadanos en condenar el quiebre democrático de hace medio siglo.

“El problema es que hay un sector importante de la población que sigue reinvindicando el golpe de Estado de 1973. Es el 44% que votó por el Sí a Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988 y –exactamente lo mismo– el 44% que votó por José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial de 2021, quien dice que el golpe era necesario o se justifica”, explicaba a EL PAÍS el sociólogo de izquierdas, Manuel Antonio Garretón. “Es una sociedad dividida en torno a lo único que importa para tener un país: un consenso ético sobre el derecho a la vida, los derechos humanos y el principio fundamental que rige la convivencia que es el principio democrático expresado en una Constitución”.

Mientras las élites políticas llegan a esta fecha polarizadas, retrocediendo respecto a los acuerdos mínimos avanzados para los 30 años del golpe en 2003 (cuando gobernaba el socialista Ricardo Lagos) o la conmemoración de los 40 años en 2013 (cuando era presidente Sebastián Piñera, de derecha), lo que subyace es una gran indiferencia ciudadana. Una encuesta dada a conocer esta semana, de Pulso Ciudadano-Activa Research, indica que solo una de cada cuatro personas se interesa en este 50 aniversario y casi tres cuartas partes (70%) considera que el hito divide a los chilenos.

Hay consenso en que existe crispación política y que Chile ha perdido la capacidad para escucharse, dialogar y alcanzar acuerdos. Desde 2019, el país ha vivido una seguidilla de hitos que marcan su presente. El 18 de octubre de ese año arrancó un estallido social que puso contra las cuerdas la democracia, con niveles inéditos de violencia. No existe una lectura única sobre lo sucedido, pero dejó en evidencia, al menos, que parte de la población reclama por bienes sociales de calidad.

La clase política en su conjunto, para salir de la crisis de 2019, propuso un camino constituyente para superar un viejo anhelo: la superación de la Constitución de 1980, escrita por la dictadura de Pinochet y sometida a 60 reformas desde 1989. Pero ese intento fracasó rotundamente en septiembre de 2022, cuando un 62% de la población rechazó una propuesta constitucional de una convención dominada por la izquierda que apostaba por un profundo cambio de la institucionalidad chilena. Era la apuesta del presidente Boric, que asumió en marzo de 2022, el Gobierno más de izquierda que haya tenido Chile desde el retorno a la democracia, lo que supuso una gran derrota política para la nueva Administración.

Hoy los aires chilenos van en otra dirección. “Los chilenos hoy están dispuestos a sacrificar libertades con tal de tener orden”, explicaba a EL PAIS en marzo el intelectual liberal Arturo Fontaine. “La violencia que se desató a partir del estallido de 2019 operó como una vacuna contra la violencia en la gran mayoría de los chilenos. Hoy hay un repudio a la violencia en la zona mapuche, a la violencia narco, a la violencia común y a la violencia política. Y existe una gran demanda porque el Gobierno actúe. El país giró y el Gobierno de Gabriel Boric lo ve”, analizaba Fontainte.

La derecha hoy está fuerte. Sobre todo la extrema del Partido Republicano de José Antonio Kast, que en 2021 ganó la primera vuelta presidencial, pero no logró ganarle a Boric en la segunda. Chile se embarcó en un segundo intento constituyente y en la elección de consejeros en mayo pasado, los republicanos, sin considerar a la derecha tradicional, se quedaron con 22 escaños de un órgano de 50 miembros. Es un proceso todavía abierto, que terminará en un plebiscito constitucional el 17 de diciembre próximo. Los ciudadanos, de forma obligatoria, deberán elegir dentro de tres meses entre la Constitución de Pinochet, la actual, y la de un consejo que no llega a acuerdos, dominado por el Partido Republicano de Kast, una fuerza política hermana de Vox en España y que no ha roto con la dictadura de Pinochet y su legado. No parece claro cómo terminará este proceso –las fuerzas políticas buscan en estos días acercar posiciones–, pero de acuerdo a las encuestas existen altas probabilidades que Chile nuevamente opte por el rechazo.

Es el clima político con el que el país recibe los 50 años del golpe de Estado. Los ánimos se exacerban a propósito de esta fecha en el Parlamento, donde Boric no tiene mayoría, donde se han reeditado las posiciones maximalistas del pasado respecto de la Unidad Popular de Allende, el bombardeo a La Moneda y la propia dictadura, y donde hay sectores que reivindican el legado, sobre todo el económico, de Pinochet. El Gobierno, con alrededor de un 30% de apoyo, de acuerdo a diferentes sondeos, ha ido bajando la vara para lograr sacar adelante sus reformas cruciales, como la de pensiones y la tributaria. Pero no resulta evidente si logrará salir humo blanco para peticiones largamente esperadas por la gente, como la de pensiones. Hoy, en cualquier caso, la ciudadanía parece más impaciente con la delincuencia, los asaltos y los robos, como respondió un 54% en la encuesta del Centro de Estudios Públicos, CEP, a fines de julio. Fue el mismo estudio donde el Partido Republicano apareció como la fuerza con la que más se identifican los chilenos, en un escenario, en cualquier caso, de fuerte desapego de la gente con los partidos, que son las instituciones democráticas peor valoradas.

Con una derecha tradicional empujada hacia el extremo por el Partido Republicano, el presidente Boric no logró que todos los partidos del espectro político firmaran un acuerdo a propósito de los 50 años del golpe. Lo consiguió de parte de los expresidentes –el democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle, los socialistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet y el derechista Sebastián Piñera– que adhirieron el pasado jueves a una carta junto a Boric llamada Por la democracia, siempre.

Parte del mal clima, que Boric catalogó como “eléctrico” y Bachelet como “tóxico”, ha sido, a juicio de la derecha, responsabilidad del propio Gobierno, que no logró instalar un discurso de memoria, democracia y futuro, sino que ha sido arrastrado por fuerzas más extremas de la coalición de origen del presidente, donde tiene una importancia central el Partido Comunista. En cualquier caso, existe una profunda desconfianza entre los adversarios políticos que impiden un diálogo fructífero que superponga los intereses ciudadanos antes que los anhelos de corto plazo de las fuerzas, que se medirán en las municipales 2024 y presidenciales y parlamentarias en 2025. De acuerdo a las encuestas y a los propios analistas, “la derecha tendría que ser muy inepta para no ganar la presidencial″, como aseguró a EL PAÍS el empresario David Gallagher.

Chile llega a esta conmemoración con las heridas abiertas de la tragedia profunda del 11 de septiembre de 1973. La principal, establecer el destino de los más de mil desaparecidos en la dictadura de Pinochet que no han sido encontrados, por lo que el Gobierno de Boric ha presentado un Plan de Búsqueda, el mayor proyecto de La Moneda con miras a este medio siglo del quiebre democrático. Nadie olvida, sin embargo, que la sociedad chilena ha sufrido enormes cambios en estos 50 años, sobre todo sobre su valoración de la democracia. Con más de un 70% de la población que no había nacido para el golpe de Estado de 1973, un 60% piensa que el autoritarismo se justifica en algún caso, como ante la corrupción, si los políticos no cumplen las leyes o cuando hay mucha delincuencia, según la encuesta Chile Dice publicada hace apenas unos días.

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