No existe públicamente ningún documento oficial que señale hacia dónde se dirige la estrategia fiscal del Gobierno. Pero el año pasado, en abril cuando el Gobierno acordó un crédito rápido por $389 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se comprometió a volver a la senda de la consolidación en esta materia.

En el documento de ese préstamo el presidente del directorio del Fondo, Mitsuhiro Furusawa, detalló: «es necesaria una ampliación temporal del déficit presupuestario… La estabilidad macroeconómica debe preservarse permitiendo que estas medidas temporales caduquen el próximo año, una vez que la pandemia haya terminado, y comprometerse con un ajuste fiscal gradual a partir de 2021».

Ese ajuste señala que el déficit fiscal que actualmente roza el -11 % debería de estar en un -3.5 % del PIB para fines de 2024 y la deuda que casi alcanza el 100% del Producto debería llegar al 60 % de cara a 2030.

En julio de 2020, cuando el Gobierno emitió $1,000 millones en los mercados internacionales, explicaba a los inversionistas en el documento de «venta» que estaban en pláticas preliminares para buscar un acuerdo precautorio con el FMI (tal como lo está haciendo en estos momentos Costa Rica). Las agencias calificadoras de riesgo dan por hecho ese acuerdo según los últimos informes, aunque estiman que se hará después de las elecciones y con la nueva Asamblea Legislativa.

LA PRENSA GRÁFICA quiso conocer los avances en este tema, y se buscó una entrevista con el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, pero al cierre de esta nota aún no había dado ninguna respuesta. Mientras, que el Fondo, aunque no dio detalles, señaló que «el FMI y las autoridades salvadoreñas han estado manteniendo diálogos productivos, incluyendo cómo el FMI puede apoyar la agenda de políticas del país».

¿Qué implica?

Un acuerdo «stand by» es un préstamo con condiciones blandas, pero «amarrado» a que se cumplan medidas específicas para que el Fondo otorgue el dinero.

«Tener un acuerdo con el FMI le brinda al país y al Gobierno, certidumbre porque este brinda seguimiento, certeza ante la comunidad internacional que es un tercero imparcial y le da un horizonte de tiempo (para alcanzar las metas)», explica José Andrés Oliva, economista de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

Para alcanzar ese acuerdo, lo ideal sería que el Gobierno presentara un plan y así el FMI lo acompañe, con metas a corto, pero sobre todo a mediano plazo. En este punto, el escepticismo prima sobre los analistas, al desconocer, a la fecha, un plan concreto con metas establecidas de parte del Ejecutivo. Y lograr que el déficit fiscal regrese al -3 %, implicaría un ajuste muy fuerte en materia de reducción de gastos e incrementar de manera sustancial los ingresos públicos.

Y aquí, para Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), se abre un abanico de escenarios y «no todos los escenarios tienen el mismo factor». «Yo siempre, insisto, no es lo mismo. Por ejemplo, si usted quiere obtener ingresos, hacerlo a través de un aumento del IVA que hacerlo a través del combate de la evasión, la adopción de un impuesto al patrimonio, la reducción de los incentivos fiscales, no tiene el mismo impacto ni en términos de crecimiento económico, ni en términos de bienestar», indica.

Castaneda insiste en que no solo es necesario «cuadrar las cifras», ¿pero cómo hacer en un país donde el gasto subió al 29 %, que la caída de la economía rondaría el -9 % del PIB y que tiene a las puertas pagos de eurobonos? La única forma, insisten los analistas, es tomar medidas, para que no sea el mismo mercado quien las haga o que el país caiga en una crisis de falta de liquidez.

«Cuando uno ve la situación de la deuda, ve que la mayoría está en manos de inversionistas privados y ahí el Fondo Monetario poco puede hacer en los acuerdos porque es entre privados… Esa es la deuda más nociva, porque es la que tiene mayores intereses y la que tiene vencimientos más próximos», explica la economista Tatiana Marroquín, que detalla que el papel del FMI será sobre todo para lograr «un acuerdo de cómo regular las finanzas públicas para que puedan responder a estos acreedores».

Según datos de Transparencia Fiscal, a noviembre el saldo de la deuda del Gobierno Central sumaba $14,150.8 millones de esta un 61.7 % estaba en manos de inversionistas (con pagos de intereses hasta de 9.5 %, como la última emisión de $1,000 millones en bonos de 2020); un 30.5 % con entidades multilaterales y el resto con otras instancias. Un 41 % de la deuda paga tasas entre 6 % y 8 %, detalla el portal, mientras que las que pagan menos de un 3 % representan el 25 % del total.

La falta de liquidez

Los economistas consultados coinciden que el acuerdo podría tomarse después de las elecciones legislativas, cuando el partido del Gobierno logre mayoría en la Asamblea y no necesiten negociar para aprobar estas medidas.

Aunque también hay cierta incertidumbre de que no se haga nada, porque todas las medidas que deberán tomarse «no son populares».

De no tomarse ninguna medida fiscal, y que la deuda continúe su rumbo ascendente, implicaría para Castaneda que el Estado no va a contar con los recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones. «Se abre un escenario de impago de salarios, de pago del cumplimiento con los proveedores. Lo que ya empezamos a ver el año pasado se vería en una mayor escala», recalca.

La falta de liquidez es un hecho constante para Marroquín, que agrega que de continuar así sin un ordenamiento ya no se va a poder pagar deuda. La economista detalla que el Gobierno ya cayó técnicamente en «default» al no pagar a alcaldías y no pagar salarios.

Y cada vez la facilidad para obtener fondos se va reduciendo. Solo enero el ministerio de Hacienda buscó $246 millones en el mercado local, con emisión de Letras del Tesoro (LETES) pero las colocaciones rondaron los $150 millones, señaló la economista.

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