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Hace un mes, en una reunión del sector de las energías renovables se alertaba de que la contestación social es el «principal problema» en la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos en España. Entonces, un directivo advertía sobre la situación de EEUU, donde esa reticencia había llevado a una «judicialización» de los permisos, y alertaba del posible contagio de esa tendencia en España. Dicho y hecho, el problema ya está aquí: una «sucesión» de suspensiones cautelares de las autorizaciones para la construcción de parques eólicos en Galicia ha puesto en alerta a todo el sector, según denuncia la Asociación Empresarial Eólica (AEE).
Los colectivos que han demandado los distintos expedientes –según la Asociación Eólica Gallega la judicialización puede llegar a afectar a 75 proyectos eólicos– han puesto el foco en el proceso de participación pública que hay en la tramitación ambiental de los proyectos, lo que se conoce como Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Estas organizaciones defienden que todos los informes técnicos de los organismos involucrados estén a disposición de la ciudadanía antes de sacar a consulta pública los expedientes de los proyectos. Sin embargo, la patronal eólica asegura que esto nunca se ha hecho así porque el proceso de consulta pública lo inicia la administración pertinente (regional o central) para «recabar información por parte de otros órganos que pueden tener que emitir informes técnicos al respecto, y alegaciones o comentarios por parte de cualquier organización o persona que quiera aportar su parecer» y, posteriormente, aprobar o rechazar el desarrollo planteado.
«Afirmar que, para que la ciudadanía pueda emitir su valoración sobre el proyecto, debe disponer de todos y cada uno de los informes técnicos, muchos de ellos de disciplinas técnicas especializadas y muy complejas, es simplemente una estrategia de dilatación del proceso», añade AEE. La organización, que aúna a cientos de empresas y asociaciones regionales, advierte que si se tiene en cuenta el enfoque del tribunal gallego es probable que «todas las DIAs (declaraciones de impacto ambiental) en España y todos los proyectos o instalaciones o infraestructuras que hubiesen obtenido una DIA deberían ser paralizados».
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La organización eólica alerta de que la dilatación masiva de expedientes eólicos puede provoca «inseguridad» en los inversores a la hora de poner su dinero en plantas renovables, ante la incertidumbre sobre cuando se podrán poner en funcionamiento, y podría poner en riesgo los objetivos de generación renovable en España. «Desde el punto de vista general hay un apoyo mayoritario al desarrollo renovable, pero hay una oposición muy particularizada en determinados colectivos o ambitos políticos locales que llevan a cabo su lucha contra la eólica que está provocando que proyectos con autorización sean paralizados con medidas cautelares», ha explicado el director general de la AEE, Juan Virgilio.
El directivo reconoce que la judicialización de los permisos no es algo nuevo, siempre ha habido casos en España, pero se ha incrementado en los últimos meses por el aluvión renovable que viene, con casi mil proyectos -casi 68 gigavatios (GW)- eólicos y fotovoltaicos en tramitación. «Antes había menos megavatios en desarrollo y, al mismo tiempo, se han sacado conclusiones que no son ciertas, como que habrá una avalancha de proyectos en los campos. Si un parque ha obtenido una declaración de construcción por parte de Industria, de las comunidades autónomas o del ministerio, se puede desarrolar porque cuenta con las garantías«, explica. Según defiende la asociación, el proceso de análisis ambiental en España es «muy garantista», hasta el punto de que debe superar la evaluación de una quincena de organismos, en un proceso que en función de la complejidad del proyecto puede llevar entre cuatro y diez años.
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