España en los programas electorales | Batalla contra reloj para los represaliados del franquismo | Elecciones generales 23J | España

Para “atender tan justas aspiraciones de los familiares de aquellos que gloriosamente cayeron víctimas de la barbarie roja”, una ley de mayo de 1939 eliminó los impuestos que gravaban “las inhumaciones, exhumaciones y traslados de cadáveres” de personas “asesinadas en circunstancias trágicas o muertas en el frente y cuyo enterramiento se ha verificado muchas veces en lugares inadecuados”. La firma Francisco Franco. El BOE contiene también decretos y órdenes del Régimen para elaborar un protocolo de exhumaciones, expropiar terrenos si era necesario, elaborar un censo de desaparecidos, conceder “medallas al sufrimiento por la patria” y cuantiosas pensiones a las víctimas de la Guerra Civil. Solo a las del bando vencedor. Mientras el dictador hacía su propia legislación de memoria para los “caídos por Dios y por España”, los vencidos abarrotaban cárceles, fosas y cunetas; eran depurados en sus trabajos e incautados sus bienes.

En 2007, bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó la primera ley de memoria histórica para reparar a los que no habían sido reparados. En muchos aspectos, era menos ambiciosa que la legislación que el propio Franco había dejado en el BOE para honrar y compensar al bando vencedor. El dictador había muerto 32 años antes, pero el debate sobre la norma encendió los ánimos en el Parlamento, hasta el punto de que un diputado de la extinta CiU declaró que le habían dado ganas de irse a beber porque lo que había oído en el Congreso le parecía “demencial”. En octubre de 2022 se aprobó una nueva ley, ahora llamada “de memoria democrática”, para corregir las deficiencias que la ONU y colectivos de víctimas habían señalado en la anterior, como la de que el Estado no asumiera todo el proceso de localización de desaparecidos del franquismo y subcontratara a las asociaciones de familiares con subvenciones para hacerlo. En las Cortes se dijo que esa legislación era “cainita”, “indecente”, “totalitaria”, “revanchista” y que “reabría heridas”. También: que las cerraba, que era “un deber moral”, “un acto de justicia”, “un impulso a los valores democráticos”.

Entre el año 2000 y 2019 se abrieron cerca de 800 fosas comunes de las que se recuperaron los restos de unos 9.700 fusilados. Entre 2019 y 2022 se exhumaron otras 513. En los años de Gobierno del PP esas operaciones se llevaron a cabo gracias a comunidades autónomas y ayuntamientos. El entonces presidente, Mariano Rajoy, se jactó de haber invertido cero euros en la aplicación de la ley.

En octubre de 2019, en una decisión amparada por los tres poderes del Estado (el legislativo, el ejecutivo y el judicial), el Gobierno trasladó los restos de Franco desde el monumento del Valle de los Caídos, ahora llamado de Cuelgamuros, al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo. La operación para que ningún protagonista del golpe, la guerra o la dictadura ocupara un lugar preeminente que pudiera ser centro de peregrinación para nostálgicos se repitió con los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, en el mismo mausoleo, y los de Gonzalo Queipo de Llano en la basílica de La Macarena, en Sevilla. Quedaron pendientes los traslados de las tumbas del golpista Milans del Bosch y el general franquista José Moscardó en la cripta del Alcázar de Toledo. La entrada en vigor de la ley también supuso la supresión de 33 títulos nobiliarios concecidos por el Régimen y la anulación de las condenas impuestas por tribunales franquistas, vieja reivindicación de las víctimas.

El pasado junio, tras una catarata de recursos judiciales de grupos profranquistas y antimemorialistas, el Gobierno puso en marcha las exhumaciones en las criptas del Valle de Cuelgamuros para tratar de devolver a sus familias los restos de 133 personas enterradas allí sin su consentimiento. De momento, ya han logrado identificar a cuatro víctimas, entre ellas, el padre de Fausto Canales, que inició hace más de 20 años la batalla para recuperarlos. Los trabajos, en los que participa un equipo mutidisciplinar de forenses, arqueólogos y policía científica, son extremadamente complejos ya que la humedad ha afectado a las cajas de los enterramientos. Los especialistas calculan que será una tarea de meses y las familias temen que un cambio de Gobierno paralice esas exhumaciones. Los descendientes de los represaliados enterrados en el mausoleo, al igual que los hijos de quienes aún yacen en fosas y cunetas, tienen una edad muy avanzada.

Las políticas de memoria llevan aplicándose casi 16 años y no han provocado enfrentamiento alguno entre los descendientes de uno y otro bando. Sí duros ataques y reproches entre partidos, que afrontan la revisión del pasado más trágico de una manera muy diferente. Estas son las posturas, medidas programáticas y declaraciones de los principales candidatos al 23-J en la materia.

PSOE: “Una cuestión de Estado”

El comisionado de Naciones Unidas Pablo de Greiff ―ahora de misión en Ucrania para recabar pruebas de crímenes de guerra― asesoró al Gobierno en la elaboración de la ley de memoria democrática. Insiste en que las políticas de memoria son “asuntos de Estado y responden a obligaciones internacionales”. Ese es el epígrafe ―”cuestión de Estado”―, con el que el PSOE titula en su programa electoral el apartado en la materia. El texto asegura que, en un momento en el que España y Europa asiste “a un resurgimiento de movimientos de ultraderecha”, es necesario reafirmar el “compromiso con la defensa de los derechos humanos y la condena de toda forma de totalitarismo político”. Los socialistas proponen desarrollar los aspectos de la ley que quedaron pendientes la pasada legislatura: completar el plan de exhumaciones con un banco estatal de ADN; elaborar un censo de víctimas, de bienes incautados y de obras levantadas con mano de obra presa; concluir “la inclusión de los contenidos de memoria democrática en el sistema educativo” ― un estudio reciente reveló profundas lagunas entre los jóvenes―; impulsar la extinción de fundaciones y asociaciones que hacen apología del franquismo; y convertir el Valle de Cuelgamuros en un lugar de memoria democrática. El candidato socialista, Pedro Sánchez, ha explicado que el Gobierno aprobó la ley “para saldar la deuda de gratitud con quienes se comprometieron con una España democrática” y equiparar la legislación española “a la de otras democracias que también sufrieron el fascismo”, donde son impensables, por ejemplo, fundaciones que lleven el nombre de Adolf Hitler.

PP: derogación y sustitución por la “ley de concordia”

El PP propone derogar la ley de memoria y sustituirla por otra sin especificar en qué consistiría, más allá de hablar de “una norma consensuada que refuerce los principios democráticos y la reconciliación nacional que fundamentaron el pacto constitucional durante la Transición, así como la convivencia democrática de una sociedad, la española, que aspira a la justicia y al reconocimiento de la verdad”. Feijóo asegura que la ley de memoria democrática “atenta contra el espíritu de la Transición” ―pese a que el texto legal loa ese periodo desde sus primeros párrafos― y suele despachar el asunto diciendo que le interesan “más los vivos que los muertos”: “No tiene sentido vivir de los réditos de lo que hicieron nuestros abuelos hace 80 años. Un Gobierno que reabre el rencor es un Gobierno que no respeta la Constitución”. Durante el cara a cara con Sánchez, aseguró que “la mal llamada ley de memoria democrática [él la denomina “la ley Bildu”] es una vergüenza”. Los cinco diputados de la izquierda abertzale en el Congreso apoyaron la norma, que salió adelante con 173 votos a favor. El PP acusa al Ejecutivo de convertir a “los herederos de ETA” en “testaferros” de la historia por una disposición adicional de la ley que establece la creación de una comisión técnica para estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos hasta 1983, ya en democracia. Pero no fue la izquierda abertzale quien la propuso. El PSOE y Unidas Podemos registraron esa enmienda a su propio texto para incluir a víctimas como Yolanda González, asesinada por la extrema derecha en 1980. En ningún caso, explicó el secretario de Estado de memoria democrática, Fernando Martínez, se trata de considerar como víctimas del franquismo a quienes sufrieron los GAL.

Sumar: ley de secretos oficiales y de bebés robados

El programa de Sumar, que agrupa a 16 formaciones de izquierdas, entre ellas Podemos, que ha formado parte del Gobierno de coalición, considera la ley de memoria “un avance significativo” y, al igual que el PSOE, se compromete a desarrollar las medidas pendientes. El texto incide en la necesidad de reformar la ley de secretos oficiales para el acceso libre a los archivos, plantea aumentar “progresivamente la dotación presupuestaria anual” para la localización de los desaparecidos; dignificar “aquellos lugares o hitos” relevantes en la lucha del colectivo LGTBI en la transición democrática y convertir la cárcel de Carabanchel, la Modelo de Barcelona, el edificio de la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana, en la misma ciudad, el campo de concentración de Castuera (Badajoz) y el destacamento Banús en el Valle de Cuelgamuros en lugares de memoria. También propone Sumar impulsar “la ley de bebés robados”, que quedó pendiente en la pasada legislatura. La coalición de izquierdas se compromete a que esa norma “facilite los procesos de búsqueda” y que “el plazo de prescripción se cuente a partir del momento en que se restituye la identidad de las víctimas”. “La memoria democrática”, aseguró Yolanda Díaz tras la retirada de la medalla al Trabajo a Franco, “no admite zonas de sombra, tampoco la justicia y reparación de las víctimas de la dictadura”.

Vox: cierre de “los chiringuitos”

El partido más beligerante con las políticas de memoria es el que ha asegurado, en la tribuna del Congreso de los Diputados, que este es “el peor gobierno en 80 años”, es decir, que con Franco y en dictadura se vivía mejor. En 2020 ya plantearon la derogación de la ley de memoria por considerarla “un ataque directo a la libertad individual, señalando buenos y malos en la historia de España”. En su programa, Vox mezcla la ley de memoria con la ley LGTBI porque ambas, dicen, “alientan el enfrentamiento y la división entre españoles” y son “un despropósito totalitario”. Prometen derogarlas y cerrar “todos los chiringuitos regados con dinero público” y suspender “las subvenciones y ayudas cuando se trate de entidades privadas”. En el mismo capítulo, plantean suprimir “las Fiscalías especiales con finalidad netamente ideológica, como la de Memoria Democrática y la de Delitos de Odio y Discriminación” y, al igual que el PP, proponen aprobar “una ley de Concordia que fomente el encuentro y la reconciliación y cuyo fin sea superar las divisiones y hostilidades entre españoles”. El líder de Vox, Santiago Abascal llama a la norma “ley liberticida, impropia de una democracia” y ha presionado al PP para derogar las normas regionales en la materia en sus pactos autonómicos.

PSOE

– Convertir el Valle de Cuelgamuros en un lugar de memoria.
– Continuar con el plan de exhumaciones y el banco estatal de ADN.
– Impulsar la extinción de la Fundación Franco.
– Impulsar la creación de un gran Centro de la Memoria Democrática.

PP

– Derogar la ley de memoria democrática y sustituirla por otra llamada «de concordia».

Sumar

– Aprobar la Ley de secretos oficiales.
– Aprobar la Ley de bebés robados
– Convertir la cárcel de Carabanchel en un lugar de memoria.
– Reconocer y reparar la represión sufrida por las mujeres y las personas LGTBI+ durante el franquismo.

Vox

– Derogar la ley de memoria.
– Aprobar una «ley de concordia».
– Eliminar los «chiringuitos ideológicos» y la fiscalía especializada.

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