Guatemala juzgará a nueve militares acusados de crímenes contra la humanidad por el caso Diario Militar | Internacional

Guatemala ha dado este viernes un paso adelante en sus esfuerzos por arrojar luz a uno de los episodios más oscuros de su historia reciente: los crímenes cometidos contra la disidencia política durante el régimen del general Óscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986). Relatos de cuerpos lanzados al cráter de un volcán, violencia sexual, torturas o asesinatos políticos. En una decisión histórica, nueve militares y policías acusados de crímenes contra la humanidad, desaparición forzada, asesinato y tentativa de asesinato, irán a juicio por su presunta implicación en el Diario Militar, según ha dictaminado el juez Miguel Ángel Gálvez.

El Diario Militar, también conocido como Dosier de la Muerte, fue filtrado en 1999 por el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Es un informe realizado por el Ejército —como acredita una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos— que señala a 183 disidentes políticos que fueron secuestrados, torturados, y en la mayoría de los casos asesinados y desaparecidos por militares, policías y escuadrones de la muerte a sueldo del Estado guatemalteco.

El magistrado Gálvez ha tardado tres días en argumentar su resolución, que también ha supuesto aceptar la participación definitiva de los querellantes: cinco familiares de víctimas, dos organizaciones de derechos humanos y la Procuraduría de DDHH. Durante el tiempo que ha durado la argumentación, los damnificados han llevado a cabo varias protestas y homenajes. En una de ellas, han colocado decenas de sillas con las fotografías de los desaparecidos en las escaleras del juzgado. Este viernes, han vuelto a mostrar los retratos en la audiencia mientras el juez daba a conocer la decisión.

Los nueve acusados fueron detenidos en mayo de 2021, cuando empezó el proceso legal. Todos forman o formaron parte del Ejército o la policía. La mayoría han seguido ligados a las fuerzas armadas. El teniente coronel Marco Antonio González Taracena; los sargentos mayores especialistas del Ejército Enrique Cifuentes de la Cruz, Edgar Corado Samayoa y Rone René Lara; el capitán primero del Ejército Gustavo Adolfo Oliva Blanco; el sargento José Daniel Monterroso Villagrán; el capitán segundo de artillería Jacobo Esdras Salán Sánchez; el teniente coronel de policía Juan Francisco Cifuentes Cano y el coronel de infantería Víctor Augusto Vásquez Echeverría.

Casi todos están acusados de varios cargos. González Taracena es al que más delitos se le imputan: desaparición forzada de 14 personas, delitos contra deberes de humanidad de 21 personas, asesinato de tres personas, y asesinato en grado de tentativa de una persona. A René Lara se le acusa, en concreto, del intento de asesinato de Álvaro René Sosa Ramos, un miembro de las FAR [Fuerzas Armadas Rebeldes] secuestrado en 1984. Después de dos días de torturas salvajes consiguió escapar, refugiarse en la embajada de Bélgica y exiliarse en Canadá. En entrevista con EL PAÍS en marzo de este año, recordaba así la tortura con descargas eléctricas: “No se puede describir cómo se siente, lo único que te puedo decir es que es como si te quedas sin cabeza. No ves, no hueles, no escuchas. Como una trituradora”. Monterroso Villagrán, por su parte, está acusado de la desaparición forzada de Rubén Amílcar Farfán, el 15 de mayo de 1984.

Al conocerse la resolución del juez, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala ha declarado: “La persecución y sanción de graves violaciones a los derechos humanos, incluida la desaparición forzada, es una obligación del Estado que fortalece la lucha contra la impunidad y contribuye a la no repetición de estos hechos”. Todavía está pendiente la decisión de mandar a juicio a otros cinco sospechosos de haber participado en el caso: Edgar Virginio de León Sigüenza, Eliseo Barrios Soto, Mavilio Aurelio Castañeda Betancourth, Malfred Orlando Pérez Lorenzo y Alix Leonel Barillas Soto.

El Diario Militar es una compilación de horrores con eufemismos para identificar los asesinatos políticos: el número “300″ indica una ejecución, pero también las anotaciones “Se lo llevó Pancho”, “Se fue (+)” o “120v”, que señala los casos en los que las víctimas murieron al recibir descargas eléctricas demasiado intensas. Las 183 personas que aparecen en el dosier pertenecían a partidos políticos izquierdistas como el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), organizaciones guerrilleras como las FAR o sindicatos de trabajadores.

A pesar de que el archivo fue filtrado en 1999, los familiares de las víctimas —y los pocos damnificados que sobrevivieron—no pudieron llevar el caso a la justicia hasta varios años después. En 2004, 24 familias interpusieron una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sentenció en 2012 que el Estado de Guatemala era responsable de al menos 26 desapariciones forzadas, una ejecución extrajudicial y una tortura a una menor de edad, Wendy Méndez, hija de Luz Haydee Méndez, asesinada en 1984.

Preparar un caso judicial sólido sobre un tema así en un país como Guatemala, cuyos jueces y fiscales se ven obligados a exiliarse por presiones políticas, lleva tiempo. Ellos tardaron casi una década, y en 2021 presentaron la denuncia en los tribunales guatemaltecos. Francisco Vivar, uno de los abogados encargados del caso del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), declaró a EL PAÍS que el objetivo es “acreditar que las fuerzas de seguridad del Estado respondían a un plan común; a una política de desaparición de personas catalogadas como enemigos internos: sindicalistas, estudiantes, pensadores…”.

Ahora, los supervivientes y familiares de las víctimas confían en encontrar justicia para sus muertos, cuarenta años después. El Diario Militar es solo un ejemplo de la brutal represión política desatada en Guatemala por varios regímenes ultraderechistas entre 1960 y 1996, los años de la guerra civil. Más de 200.000 personas, especialmente indígenas, fueron asesinadas y 45.000 desaparecidas, de acuerdo con el Informe de Esclarecimiento Histórico, que demostró que un 93% de los crímenes de guerra fueron cometidos por el Ejército.

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