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El hecho de que la Justicia conceda la pensión de incapacidad permanente de la Seguridad Social a un trabajador debido a las secuelas del coronavirus es improbable, pero ha ocurrido. Los efectos secundarios del covid siguen afectando a mucha gente incluso años después de pasar la enfermedad.
Sin embargo, peticiones como esta se suelen rechazar. Ha sido el Juzgado de lo Social nº 14 de Madrid el que ha creado jurisprudencia en esta materia.
El trabajador gana la pensión de la Seguridad Social
Carmen Durán, la titular de este juzgado, ha declarado a un hombre con diversas secuelas derivadas del coronavirus en situación de incapacidad permanente absoluta. Esto significa que el trabajador tendrá derecho al pago de una pensión vitalicia de un 100% de la base reguladora mensual y con efecto económicos desde julio de 2020.
El empleado interpuso una demanda contra la Seguridad Social después de que el organismo le otorgara la incapacidad en modalidad total, pero no absoluta. Es decir, el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), tras hacer las pruebas pertinentes al trabajador, declararon que este no estaba capacitado para continuar con su profesión de ferrallista, pero sí en otra. El demandante entonces puso el caso en mano de sus abogados.
¿Cómo consiguió la incapacidad permanente este trabajador?
El trabajador de 63 años ingresó en urgencias en mayo de 2021 por dar positivo en coronavirus, tras lo cual fue trasladado a la UCI y sometido a ventilación mecánica. En total, estuvo cinco meses en la UCI.
Meses después, en una revisión médica le detectaron síndrome de dificultad respiratoria aguda y una miopatía, por la cual perdió la fuerza de los músculos. Ya en 2022, el hombre comenzó su rehabilitación, pero no mostró mejoras y a día de hoy necesita ir con muletas.
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Según indica la sentencia de la Justicia, «“no existe discusión ni sobre la gravedad que alcanzó la infección por coronavirus ni las complicaciones presentadas durante el ingreso hospitalario y los posteriores».
Al no ser capaz de realizar esfuerzo físico, Durán establece que existe «la imposibilidad real de poder realizar incluso trabajos sedentarios». Así consiguió este trabajador la incapacidad permanente absoluta por las secuelas del coronavirus.
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