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SEVILLA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) –
El diputado autonómico de Unidas Podemos por la provincia de Sevilla Ismael Sánchez (IU) ha registrado una nueva iniciativa parlamentaria, sobre la situación que afrontan las familias de las 91 viviendas sociales de La Alcarrachela, en Écija, sometidas a una subasta como consecuencia de la liquidación de la extinta empresa municipal Sedesa, declarada en concurso de acreedores.
Las citadas 91 viviendas salieron a subasta como consecuencia de la liquidación de la empresa municipal Sedesa y fueron adquiridas por un fondo de inversión privado por 1.150.000 euros, después de que su construcción requiriese una inversión pública de aproximadamente tres millones de euros, según los inquilinos.
Tanto los inquilinos como el Ayuntamiento, gobernado por el socialista David Javier García Ostos, y otras fuerzas políticas han reclamado insistentemente a la Junta de Andalucía que ejerza su derecho de retracto sobre tales viviendas protegidas.
EL DERECHO DE RETRACTO
El Gobierno andaluz, no obstante, alega que no tiene la «posibilidad legal de ejercer ese derecho de retracto porque es aplicable a segundas y terceras transmisiones, no a las primeras».
En ese contexto, Ismael Sánchez ha departido con el abogado Francisco Tejado, representante de las familias afectadas, señalando que las mismas plantean «si en la tramitación del procedimiento concursal (de la empresa municipal Sedesa) se respetaron todas las garantías legales».
Según ha dicho, los vecinos han reclamado a la Consejería de Fomento que esclarezca si la empresa adjudicataria de las viviendas «efectuó la comunicación correspondiente a dicha Consejería» merced al Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Ley 13/2005 de Vivienda Protegida y Suelo.
QUE LA CONSEJERA LO ACLARE
Por eso, Ismael Sánchez ha registrado una interpelación en la que pregunta a la consejera de Fomento, la popular Marifrán Carazo, «si la empresa adjudicataria efectuó esa comunicación» a la Administración andaluza.
Así, ha pedido a la Junta de Andalucía que «se involucre y aclare si en el proceso se ha podido incurrir en alguna irregularidad que haya provocado que la adjudicación de las 91 viviendas pueda ser nula de pleno derecho».
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