SEVILLA/BRUSELAS, 6 Dic. (EUROPA PRESS) –

El eurodiputado de Izquierda Unida Manu Pineda ha pedido este martes a la Comisión Europea que visite «cuanto antes» los asentamientos de trabajadores y trabajadoras migrantes en Andalucía y «tome cartas en el asunto» para poner fin a la ausencia de derechos de las miles de personas que trabajan en el campo andaluz.

«Deben visitar los asentamientos cuanto antes para que vean cómo viven estas personas y proponer soluciones. Han sido receptivos e incluso han hablado de esclavismo moderno, pero deben tomar cartas en el asunto y buscar una solución», ha reclamado en una rueda de prensa en Bruselas, después de la reunión que ha mantenido con miembros de la Dirección General de Empleo y del gabinete del comisario de Empleo, Nicolas Schmit.

Pineda ha hablado de «problema serio» que «se ha cronificado» durante años. «No podemos hablar ya de temporeros, son trabajadores migrantes que viven en nuestro país y que en algunos casos trabajan 10 de los 12 meses del año viviendo en unas condiciones deplorables, sin acceso a los servicios más básicos», ha apuntado, según recoge un comunicado del partido.

La delegación de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo ha sido quien ha facilitado esta reunión con representantes del Ejecutivo comunitario. A ella también han acudido organizaciones que trabajan directamente con estas personas en Huelva y Almería y asociaciones de los propios trabajadores afectados.

«No tenemos derechos. Ni de empadronamiento, ni de acceso a una vivienda. Hemos venido aquí a denunciarlo y pedir ayuda a la Unión Europea. No podemos seguir viviendo en chabolas de plástico, sin agua y sin luz. Se debe poner fin al sufrimiento de tanta gente», ha reivindicado Abdoulaye Sanogo en nombre de la asociación maliense de Mazagón.

«Es una vergüenza que en un país de la UE los trabajadores y las trabajadoras que recolectan frutos rojos vivan en estas condiciones. Hablamos de un sector que genera millones de euros y que supone el 8% del PIB andaluz», ha explicado Pepa Suárez, de la Asociación Multicultural Mazagón. Suárez ha denunciado que hay «una falta de voluntad política clara» que permite el incumplimiento de derechos como el acceso a la vivienda o al empadronamiento, amparado por la Ley de 2015 del régimen local.

Por su parte, José Miguel Morales García, de Andalucía Acoge, ha afirmado que esta situación, que «se alarga ya más de tres décadas», «sólo se puede explicar se mira el origen de estas personas. Hay un racismo social e institucional que hace que se pueda explotar sin ningún tipo de consecuencias a personas de origen africano».

Morales, que ha pedido a la UE que ponga en la agenda esta realidad andaluza, ha hablado de las consecuencias que tienen la vulneración de derechos como el acceso a una vivienda digna, o el acceso a un trabajo en condiciones dignas en las y los trabajadores migrantes.

«Hablamos de gente que lleva diez o doce años ya en España y que tienen niños y niñas pequeños. Esa vulneración impacta directamente en sus hijos; también en las mujeres, muchas víctimas de trata; o en las consecuencias psicológicas y trastornos serios que muchas de estas personas tienen» después de tantos años «sin que las instituciones pongan solución», ha sostenido.



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