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El juez de Instrucción Jorge Guzmán que llevaba el caso de la masacre el Mozote informó a este medio que no se reunirá con el presidente impuesto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar Alberto López Jerez, porque ya sabe la pretensión, y que solo regresaría a su oficina si se deroga  o inaplica el decreto 144. Dijo que no se trata de un capricho, sino más bien, de respeto a la Constitución. 

«No asistiré a la reunión de la Comisión de jueces de la CSJ, porque de la misma invitación se deduce cual es la pretensión, y es que regrese a continuar tramitando el caso de la masacre El Mozote. Aquí no se trata de capricho, se trata de que se vuelva al respeto de la constitución y la ley. Mantengo mi posición que solo regresaré si se expulsa del ordenamiento jurídico el inconstitucional decreto 144, a través de una derogatoria o de una inaplicabilidad por la CSJ», aclaró. 

López Jerez había invitado a una reunión este día a las 2 de la tarde al juez Guzmán para que siguiera al frente del caso El Mozote y lugares aledaños, que llevaba trabajando desde 2016 cuando reabrió el caso, luego de la derogatoria de la Ley de Amnistía. 

Esta invitación la hizo a pesar que el domingo ya  había anunciado al sustituto de Jorge Guzmán. Jerez dijo que aún no entraba en funciones el nuevo juez, pues esperaba que Guzmán regresara. 

Desde que la Asamblea Legislativa aprobó el decreto 144 que incluía las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, que cesaba en sus cargos a jueces y magistrados mayores de 60 años o con 30 años de servicio. Guzmán jamás estuvo de acuerdo y salió a marchar el 15 de septiembre por la derogatoria de dicho decreto.

El juez de Instrucción de San Francisco Gotera donde se lleva el caso, dijo que no se sometería ni al régimen de disponibilidad ni iba a renunciar. Y que aunque la CSJ había dicho que él podía quedarse, no aceptó ya que todas las decisiones de la Corte para dar operatividad al decreto 144 heredaban el vicio de inconstitucionalidad y él exigía la derogatoria del decreto. 

Guzmán estaba amparado en que la Corte iba a respetar las medidas cautelares de la Cámara de Familia de San Miguel, que suspendía la aplicabilidad del decreto y en consecuencia mantenía en sus puestos a los jueces mayores de 60 años en sus instancias. La resolución fue emitida el 22 de septiembre pero fue ignorada por la Corte el 26 de septiembre, cuando dicha institución juramentó a 98 jueces que sustituyeron a los que cesaron de sus cargos el pasado 24 de septiembre sin que se tampoco se hiciera mediante una terna del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

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