la lucha no ha hecho más que empezar – Poder Popular

Miguel Sanz | Con más de un millón de participantes y un 59,1% a favor, los y las berlinesas apoyaron el pasado 26 de septiembre la iniciativa popular “Deutsche Wohnen & Co Enteignen” (Expropiar a Deutsche Wohnen y compañía).

La papeleta del referéndum contenía un texto con 5 puntos donde se pedía el apoyo para socializar las viviendas en manos de las grandes empresas inmobiliarias (con más de 3000 viviendas), traspasarlas a una entidad pública bajo control democrático y participativo, prohibir su reprivatización y compensar a las empresas expropiadas con valores por muy por debajo del precio del mercado. Está expropiación apunta a alrededor de 240.000 viviendas, de un total de 1,64 millones disponibles en la ciudad para el alquiler. La radicalidad de estas demandas ha sido muy difícil de digerir para el partido socialdemócrata, el SPD, que se alzó como vencedor de las elecciones al Senado de Berlín el mismo día que se celebraba el referéndum, y que tiene la responsabilidad formal de explorar la puesta en marcha de la expropiación. El 40% de los y las delegadas de este partido se posicionaron a favor de la iniciativa popular en su conferencia de 2019, pero la finalmente candidata vencedora, Franziska Giffey, del ala derecha del partido, comenzó a revolverse el mismo día de las elecciones con dudas y afirmaciones a medias sobre la aplicación del resultado del referéndum. La nueva alcaldesa no quiere aplicarlo y corre un riesgo enorme de salir muy erosionada frente a su base de votantes por esta decisión.

Ahora la iniciativa pasa a una fase en la que deberá ser el Senado el que concrete la expropiación de las empresas inmobiliarias, con dos nuevas leyes para la región autónoma de Berlín: una general sobre la socialización de la propiedad privada y otra específica para la expropiación de estas viviendas. El desarrollo, aprobación y aplicación de esta segunda ley serán las próximas batallas que el movimiento tendrá que afrontar. Los y las organizadoras de la iniciativa apostaron por una consulta de carácter no vinculante, que no requiriese redactar una ley al completo. Como ya pasó en un intento previo en 2015, la proposición de una ley completa -cuya aceptación en un referéndum sí sería vinculante- podía ser objeto de interminables objeciones jurídicas, incluso antes de ser votada. La implicación del derecho estatal, federal y europeo demostró entonces que redactar las propuestas a prueba de tribunales era inviable a nivel de recursos para un movimiento de carácter voluntario. Además de a la oposición de los partidos, las leyes que suponen importantes reformas o hitos importantes a favor de las clases populares siempre encuentran resistencia también en los tribunales. Lo hemos visto en Alemania, pero también en el Estado español.

Apoyo masivo

Sin embargo, esa propuesta que en 2018 le parecía “demasiado radical” a gran parte de la izquierda, ha ganado con más apoyo social que ningún otro partido. En algunos barrios con gran presencia de población con antecedentes migrantes como Neukölln y Kreuzberg, el apoyo ha sobrepasado el 80%. El voto por el sí en el referéndum ha tenido más apoyo que todos los votos sumados al SPD, la CDU, el FDP y AfD en las elecciones locales. El mínimo apoyo que se ha registrado en los barrios ricos del noroeste es de un 32%. Todo esto indica que la campaña ha sido apoyada por diferentes sectores sociales, mayoritariamente por los barrios obreros -con sus diferentes estratos- pero también sectores de las clases medias, alineadas ideológicamente con partidos moderados o abiertamente de derechas. ¿Cómo es posible que tanta gente y tan diferente haya votado por medidas tan radicales -expropiar por ley a las grandes empresas? ¿Es esto un pequeño fenómeno de hegemonía de clase, donde sectores sociales más allá de los y las asalariadas se han identificado con los intereses de la clase trabajadora? La respuesta es parcialmente afirmativa. Sin duda la misma arquitectura de base de la campaña y su omnipresencia en las calles durante meses ha generado simpatías mucho más allá de los colectivos directamente afectados por un problema acuciante de altos alquileres y desahucios. Sin embargo, hay algunos hechos que indican cómo el problema del precio del alquiler y la concentración de la propiedad inmobiliaria han provocado que sectores sociales más allá de los asalariados también hayan sentido que sus intereses chocan con los de las grandes empresas, por mucha propaganda y ruido que éstas puedan comprar en los medios.

Es mérito de la campaña haber producido esta percepción social amplia de legitimidad de las demandas. Según la oficina de estadísticas alemana (Destatis), Berlín cuenta con el porcentaje de viviendas ocupadas por sus propietarios más bajo de toda Alemania (17%), con más del 75% de las viviendas disponibles dedicadas al alquiler. El precio de la renta se ha incrementado casi un 10% entre 2016 y 2020 y las medidas que el gobierno de coalición local SPD-Verdes-La Izquierda habían puesto en marcha para paralizar la escalada del alquiler (el famoso Mitteldecken, el tope al precio del alquiler) han sido tumbadas por el Tribunal Constitucional hace sólo unos pocos meses. De forma que la construcción de una campaña en torno a un fenómeno transversal como es efectivamente el problema del alquiler en Berlín ha permitido delimitar con claridad los intereses de clase -no sólo de la clase trabajadora- y arrinconar a las grandes empresas inmobiliarias. La transversalidad es peligrosa como enfoque estratégico porque difumina los intereses y aspiraciones de la mayoría de la gente en favor de las clases medias, pero también otorga un importante plus de receptividad cuando son muchos los sectores sociales afectados por un problema estructural. De modo que las condiciones objetivas de un problema como el de la vivienda o la electricidad a nivel estatal o local deben ser evaluadas a la hora de poner en pie campañas de este tipo.

La batalla no ha hecho más que empezar

Ahora la campaña ha pasado a una fase en la que depende dramáticamente de los tiempos institucionales. Afortunadamente, la iniciativa ha contado con un modelo de intervención de base, con escuelas de formación, campañas de teléfono para organizar a cientos de voluntarios y voluntarias, un sinfín de mesas de recogida de firmas, charlas, manifestaciones, artículos de prensa, involucración del mundo académico y, sobre todo, grupos activistas en todos y cada uno de los barrios de Berlín. Estos grupos locales han llevado el peso de la recogida de firmas validadas necesarias para la realización del referéndum (más de 230.000 en dos tandas) y ahora tienen la responsabilidad de la movilización local que debe mantener y ampliar la base de apoyo de la campaña y presionar a los concejales recién elegidos para que defiendan el mandato salido de la consulta.

A excepción de Die Linke (La Izquierda) ningún partido político ha apoyado la iniciativa activamente. Por tanto, aunque no ha contado con estas estructuras, sí que ha gozado de una sólida imagen de independencia (algo no irrelevante en el actual contexto de desgaste de los partidos políticos tradicionales).