Los forenses entran este lunes por primera vez en las criptas de Cuelgamuros para exhumar a 128 víctimas reclamadas por sus familias | España

Un equipo mutidisciplinar de 15 técnicos va a iniciar este lunes, según adelanta EL PAÍS, las tareas de exhumación en el Valle de Cuelgamuros —el nombre que adquirió en 2022 el Valle de los Caídos— para tratar de recuperar los restos reclamados por familiares de 128 víctimas de la Guerra Civil; la mayoría, represaliados del franquismo. Fausto Canales, que tiene a su padre y a su tío enterrados en el mausoleo, lleva 20 años esperando este momento. En el interior de la basílica se ha instalado un completo laboratorio forense, con aparato de rayos X, microscopios, herramientas de medición, mesas e iluminación especiales para que los expertos puedan trabajar. En la operación, impulsada por el Gobierno para cumplir la Ley de Memoria Democrática, participan, además de seis forenses, un grupo de arqueólogos, odontólogos, genetistas y cuatro miembros de la policía científica, cuya misión específica consiste en ayudar a identificar las cajas en las que están enterradas las víctimas si los números de inscripción no se aprecian bien a simple vista.

En diciembre, operarios de la empresa pública Tragsa, arquitectos y otros especialistas de Patrimonio Nacional comenzaron a acondicionar el área para proteger el retablo, asegurar las estructuras arquitectónicas y garantizar la seguridad de los técnicos, que trabajarán con equipos de protección individual, gafas, mascarilla, guantes y botas de aislamiento. Se han colocado, además, filtros de aire para minimizar la aspiración del polvo en suspensión en la zona de los columbarios.

Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Al igual que ocurrió con la exhumación de la tumba del dictador Francisco Franco, en octubre de 2019, el proceso fue paralizado en los juzgados durante meses. En un primer momento, por grupos franquistas y antimemorialistas, y después, por la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López Esteban, del PP, quien se negó a autorizar la licencia de obra para intervenir en las criptas y llegó a declarar ante un juez acusada de prevaricación el 25 de enero. El Tribunal Supremo no admitió a trámite en marzo el último recurso de la Fundación Franco para tratar de imponer medidas cautelares y suspender los trabajos. La llamada Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos amenaza con querellas por profanación.

El dispositivo se ha diseñado para atender las 128 reclamaciones de restos presentadas por familiares de víctimas pertenecientes a ambos bandos, el franquista y el republicano, siendo este último el grupo mayoritario. En la capilla del Santo Sepulcro, donde van a empezar a intervenir este lunes, se busca a 78; y en la del Santísimo, donde se intervendría en una segunda fase, a 39. Hay también restos de víctimas en otras criptas, donde los técnicos entrarán más adelante. En Cuelgamuros fueron enterradas, en total, 33.847 personas, el equivalente a la ciudad de Teruel.

Cuando Franco ideó el monumento para inmortalizar su victoria en la Guerra Civil, pensaba que las obras iban a prolongarse cinco años, pero fueron 19 y, para entonces, muchas viudas de los “caídos por Dios y por España”, como las de los asesinados en Paracuellos, rechazaron el traslado de los restos al mausoleo. El Ministerio de la Gobernación pidió entonces por carta a los ayuntamientos cuerpos para introducir en las criptas, y muchos de ellos contestaron que no tenían víctimas franquistas pero sí “fosas del ejército rojo”. El régimen aceptó y por todo el territorio nacional, sin que sus familiares lo supieran, se abrieron fosas comunes de republicanos para trasladar los cadáveres al Valle. En algún caso, como ocurrió en la fosa donde había sido enterrado, junto a otras seis personas, Valerico Canales, el padre de Fausto, se dejaron, con las prisas, un cráneo, vértebras, piezas dentales… que fueron descubiertas por los descendientes en 2003.

Cuando, con el paso de los años, ya en democracia, los familiares de las víctimas descubrieron que los restos habían sido trasladados al Valle de los Caídos, ahora llamado de Cuelgamuros, comenzaron a reclamar su traslado. En 2016, Manuel Lapeña obtuvo una sentencia a favor de la exhumación de su padre y de su tío, pero murió en 2021, a los 97 años, sin haber podido cumplir su deseo por la catarata de recursos presentados por grupos profranquistas y antimemorialistas. Su hija, Purificación Lapeña, ha continuado su lucha. Otros familiares que reclaman los restos tienen también una edad muy avanzada, como Mercedes Abril, de 89 años, y Silvino Gil, de 87. Ambos quieren recuperar a sus respectivos padres.

El régimen estableció cuatro clases de muertos: A, B, C y D, según dónde estuvieran enterrados y si estaban o no identificados. Solo para mover cadáveres de la clase A era necesaria la “conformidad familiar”. Los restos se introdujeron en cajas de madera individuales, de 60 x 30 x 30 centímetros, o colectivas, de 120 x 60 x 60 centímetros, con anotaciones sobre su lugar de origen. El equipo técnico designado ahora por el Gobierno ha analizado con unas pértigas con cámara cómo se encuentran los columbarios, y en algunos niveles —en el interior de la cripta hay cinco— el estado es mejor de lo que esperaban. Aprovecharán la búsqueda de los restos reclamados para limpiar y renovar otras cajas que pudieran estar deterioradas. Solo las correspondientes a las reclamaciones familiares serán trasladadas al laboratorio en el interior de la basílica para proceder al análisis antropológico.

Método de trabajo y cadena de custodia

La historiadora Queralt Solé, autora de varios estudios sobre el Valle de Cuelgamuros, ha realizado, junto al historiador David Tormo, una investigación específica sobre la biografía y el recorrido de las víctimas cuyos restos reclaman las familias. Los seis forenses (Elisa Cabrerizo, Enrique Dorado, Ignasi Galtés, Elisa Ruiz-Tagle, José Luis Prieto y Fernando Serrulla), de amplia experiencia, seguirán el protocolo de Minnesota de Naciones Unidas para garantizar el correcto registro y la cadena de custodia de los restos. Entre la zona de los columbarios y el laboratorio se han construido sendas esclusas de aislamiento. Las cajas serán limpiadas con aspiración, examinadas por la policía científica (el exterior) y por los forenses, que decidirán cuál es la mejor pieza (un hueso, un diente…) para tomar una muestra. En esta primera fase, de Cuelgamuros no saldrán, en ningún caso, esqueletos, sino esas muestras que se analizarán en el Instituto Nacional de Toxicología para cotejarlas con las muestras genéticas de los familiares.

Dentro de la cripta, las cajas están dispuestas en cinco niveles de altura y, por seguridad, se trabajará de abajo a arriba. Comienzan por la capilla del Santo Sepulcro porque es la que alberga el mayor número de reclamaciones de restos y porque en ella se cree que fueron inhumados los hermanos Lapeña y en ese caso hay una sentencia judicial pendiente de cumplimiento desde 2016. Toda la información recabada se documentará en un informe pericial que integre los documentos elaborados por los distintos especialistas, que contarán con el apoyo de un consejo asesor presidido por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, e integrado, entre otros, por los directores del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y el Instituto de Medicina Legal y uno de los mejores forenses del mundo, Francisco Etxeberria, al que Chile pidió ayuda para examinar los restos del cantautor Víctor Jara, los del expresidente Salvador Allende y los del poeta Pablo Neruda.

Los trabajos se prolongarán previsiblemente más allá de las elecciones del 23 de julio, cuando el Ejecutivo estará en funciones, pero a partir de ese momento su continuidad depende del Gobierno que salga de las urnas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que derogará la Ley de Memoria Democrática si llega al Gobierno. Su eventual socio, Vox, ha sido especialmente beligerante contra la norma. El actual ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de cuyo departamento depende la secretaría de Estado de Memoria Democrática, insistió la pasada semana en que permitir que las familias puedan recuperar los restos de sus seres queridos “no es política, es humanidad”, y subrayó que “un demócrata” no debería oponerse a los avances que ha supuesto la ley.

Las exhumaciones en las criptas del Valle de Cuelgamuros forman parte de un proceso de resignificación del monumento franquista que arrancó en 2007, al prohibirse los actos de exaltación de la Guerra Civil en sus inmediaciones; continuó en 2019 con el traslado de los restos de Franco, prosiguió con los de Primo de Rivera, fundador de Falange, en marzo, y debía concluir con un centro de interpretación o museo que sirva para explicar al visitante qué era el nacionalcatolicismo y para qué y por quién (mano de obra presa) se construyó el monumento. El adelanto electoral ha salvado, de momento, a la comunidad benedictina, que iba a ser expulsada del recinto por un decreto del Gobierno al considerar “incompatible” su presencia con los nuevos fines del monumento. La pirámide con la que el dictador quiso inmortalizar su victoria en 1939 se convertirá, durante los próximos meses, en un laboratorio forense.