- Miriam Alía fue coordinadora médica de la organización Médicos Sin Fronteras en Madrid y Castilla y León durante marzo, abril y mayo de 2020. Defiende que los protocolos no siguieron “criterios clínicos”
- — La mortalidad por Covid-19 en residencias se disparó en Madrid al 47%, cuatro veces más que en otras comunidades
Madrid — 24 de septiembre de 2023 22:10h
Actualizado el 25/09/2023 08:45h
Miriam Alía, responsable de vacunación y epidemias de Médicos sin Fronteras (MSF), trabajó durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020 como coordinadora médica de la organización en Madrid y Castilla y León tanto en hospitales como en residencias con el objetivo de responder a la emergencia sanitaria que supuso la Covid-19 en nuestro país. De este modo, Alía pudo presenciar en primera persona lo que supusieron los protocolos de no derivación que aprobó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y que impidieron el traslado de los mayores y personas con discapacidad desde las residencias de la Comunidad de Madrid a los hospitales. 9.468 mayores fallecieron esos meses en las residencias, de los cuales 7.291, casi el 80%, lo hicieron sin ser trasladadas a un centro médico.
Alía atiende a elDiario.es desde Sudán del Sur donde se encuentra trabajando en estos momentos con MSF. Desde el país africano, también compareció el pasado sábado en la comisión ciudadana liderada por el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, que pretende esclarecer lo sucedido en las residencias de Madrid en los momentos más duros de la pandemia. Alía explicó que lo sucedido en los centros socio-sanitarios de la región fue “atroz”. “Se les llegó a negar algo tan esencial como el oxígeno”, lamentó visiblemente emocionada. “Fue una discriminación total y al final la sensación que te queda es que se les consideró prescindibles”, lamenta durante la entrevista. E insiste que los protocolos “no se basaron en criterios clínicos”. “También se vulneró el principio de justicia porque, según la ética médica, a las personas con más necesidades tienes que darles más recursos y aquí se hizo todo lo contrario”.
¿Los triajes existen en las zonas de conflicto en las que has trabajado? ¿En qué consisten y por qué es diferente a los protocolos del gobierno de Ayuso?
Cuando hay un evento donde hay más heridos que la capacidad de atenderlos, como puede ser un atentado por bomba, un bombardeo o un accidente de tráfico, los triajes se hacen en la puerta de la sala de emergencias y hay una clasificación por gravedad y por posibilidad de supervivencia por colores. Se activa, lo que se llama, el plan de flujo masivo de heridos. A los casos más graves con posibilidades de supervivencia se les pone el color rojo y son los que necesitan ir a quirófano en menos de una hora; los casos amarillos son los que pueden esperar para esa intervención o pueden estabilizarse sin cirugía, y los verdes son a los que se les puede hacer una pequeña cura o intervención y se van a ir a casa. También es muy típico de las zonas de guerra, que lleguen los cadáveres mezclados con los heridos o personas en situación cercana a la muerte, en situación pre-mortem que no tienen ninguna posibilidad de supervivencia. Y en este tipo de casos lo que se hace es darles cuidados paliativos básicos de urgencia, para aliviar el dolor.
Este es el triaje que se hace y la diferencia con los protocolos de la Comunidad de Madrid, con los protocolos de no derivación, es que el triaje que se hizo no se basó en criterios clínicos, sino que se hizo por lugar de residencia y grado de discapacidad. Primero, si vives en un centro sociosanitario y esto incluye personas mayores y personas con discapacidad. Y segundo, ‘tienes un grado de discapacidad a partir de’, que era un grado bastante bajo, porque ir en silla de ruedas ya era un grado de discapacidad que te impedía ser trasladado a un hospital y esto teniendo en cuenta que no se medicalizaron las residencias. La mayor parte de las residencias no tenían asistencia sanitaria porque dependían normalmente de atención primaria y atención primaria no podía atender a estos pacientes 24 horas al día. Muchos de los compañeros de atención primaria estaban también enfermos y se mandaron mil personas de atención Primaria a IFEMA.
Durante su declaración, explicó las dificultades burocráticas que tuvisteis los médicos de MSF para poder acceder a las residencias y ayudar. ¿Es entendible que en un momento como ese hubiese tantas trabas para blindar una ayuda que era tan necesaria?
Hubo mucha reticencia a aligerar las trabas burocráticas teniendo en cuenta el nivel de emergencia que había. No se flexibilizaron, por ejemplo, los contactos para visitar los hospitales. Había muy poca flexibilidad. Y esto se dio en varias comunidades. En la Comunidad de Madrid tuvimos muchas dificultades para entrar en los hospitales y de hecho solo conseguimos hacerlo en dos, en Leganés y en el Hospital de Alcalá de Henares, que fue uno de nuestros proyectos. Y eso que veníamos con nuestro material e incluso donamos material para proveer de oxígeno los hospitales. Montábamos los sistemas de oxígeno nosotros mismos. No se entendía muy bien que para una cosa que era esencial y que había carencia te pusieran tantísimas trabas.
Y en el caso de las residencias, las trabas burocráticas se dieron en varias comunidades, pero hubo bastantes diferencias, como en Catalunya o en Castilla y León donde entramos. En el caso de Madrid, sí que tuvimos muchos problemas porque no conseguíamos entrar en ninguna residencia. Hasta que dimos con la PLATERCAM, desde donde se pidió el apoyo de entidades médicas para el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. En nuestro caso bomberos de la Comunidad de Madrid, porque nosotros no pudimos visitar residencias en la capital, solo en la provincia.
Teniendo en cuenta el colapso que había en toda la sanidad madrileña en esos días, ¿había otra forma de hacerlo?
Ya hay muestras, hay datos, que nos dicen que en clínicas privadas hubo plazas en hospitales privados, que del personal de atención primaria que fue a IFEMA, muchos de ellos los primeros días estaban esperando a que les tocara entrar mano sobre mano porque no había trajes de protección para todos, con lo cual te daba igual tener mucho personal porque no podían entrar todos y además el personal de atención primaria se podía haber dedicado directamente a las residencias, sobre todo por el hecho de que no hubo una medicalización. Lo que supuso fue que ni se derivaron a Ifema, ni a hospitales privados, ni a hospitales públicos, ni se les trató realmente.
¿Duelen más estas medidas o son más incomprensibles viniendo de un país desarrollado como es España?
España es un país con una democracia garantista y el acceso a la salud está recogido en la Constitución. Hubo problemas de vulneración de derechos humanos y en concreto de los derechos humanos de las personas mayores. No se puede privar de asistencia sanitaria a una persona por ser mayor o por tener una discapacidad. Se vulneraron principios éticos fundamentales, los principios de la ética médica y el principio de autonomía del paciente porque no se les pidió opinión ni pudieron tomar ningún tipo de decisión sobre si querían ser trasladados o no, si querían quedarse en las residencias o si querían recibir cuidados paliativos o querían recibir tratamiento curativo. No se les permitió decidir.
También se vulneró el principio de justicia porque, según la ética médica, a las personas con más necesidades tienes que darles más recursos y aquí se hizo todo lo contrario. Fueron los últimos en recibir material de protección, los últimos en recibir tratamiento médico, en recibir test… Fue una discriminación total y al final la sensación que te queda es que se les consideró prescindibles. Y esto es lo que a mí me duele, en qué clase de sociedad vivimos si las personas mayores o las personas con discapacidad se consideran prescindibles. Es también bastante inhumano. Nunca lo había visto en mi propio país.
Ha trabajado en numerosas zonas de conflicto, ahora mismo te encuentras en Sudán del Sur. Durante el peor momento de la crisis sanitaria se repitió que los sanitarios en los hospitales que estaban colapsados estaban viviendo una guerra. ¿Estás de acuerdo?
Esa expresión se utilizó en la primera ola. Mucha gente dijo que esto era una guerra y nos llamaban los Frontline Fighters, los luchadores de primera línea, algo que también pasó un poco con el Ébola. A mí este lenguaje no me gusta, porque las guerras tienen normalmente un motivo que no tiene nada que ver con las enfermedades. Esto es una enfermedad, hay que ponerle recursos, hay que ponerle estructura y a mí no me parece que sea una excusa para tomar decisiones drásticas que vulneran los derechos humanos, porque incluso en la guerra existen el derecho internacional humanitario y todos los heridos tienen que tener acceso a la salud, aunque sabemos que en las guerras no se respeta. Este lenguaje bélico creo que no ayudó. Los dilemas éticos no se solucionan diciendo esto es la guerra, todo vale, porque ni siquiera en la guerra todo vale.
¿Las ciudadanía en Madrid y en el resto del país son conscientes realmente de lo que supusieron esos protocolos para los mayores que fallecieron sin atención sanitaria en las residencias de Madrid?
Yo no sé hasta qué punto todo el mundo es consciente. Creo que mucha gente, después de la primera ola de COVID por estrés o por miedo, ha decidido tirar para adelante y sobrevivir como forma de resistencia. Pero son los profesionales y los políticos los que tienen que evaluar lo que pasó, sobre todo para que no vuelva a suceder. La primera vez te puede pasar por falta de planificación o por falta de planes de contingencia, de material, por problemas estructurales… Pero no te puede pasar una segunda vez. Hay que poner recursos para que al menos estos problemas estructurales de base se solucionen y para que todo el entorno sociosanitario tenga garantías de acceso a la salud tanto en situación normal como en situación de emergencia, porque es su derecho.
¿Se ha olvidado lo que supuso la pandemia en su momento más crudo?
A mí me sorprende que haya tenido poca repercusión. No me sorprende que la gente quiera olvidar, porque es verdad que para mucha gente fue muy traumático. Pero vuelvo a repetir la responsabilidad de que esto se evalúe y se tomen las medidas legales que sean necesarias para que no vuelva a pasar algo similar. La responsabilidad no es de la población en general, es política, del sistema de gestión del sistema sociosanitario y de asistencia médica a las personas mayores y con discapacidad. Nos puede parecer más o menos extraño que la mayor parte de la gente no le dé mucha importancia a esto con el número de fallecidos y las condiciones, pero en realidad la responsabilidad la tenemos que poner en quien la tenía en ese momento y en quien puede cambiar las cosas, quien puede hacer que esto no vuelva a pasar.
