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Casi 500 edificios de Sevilla mantienen placas o vestigios franquistas en sus fachadas. Todos son de propiedad privada y en la mayoría de sus portales brillan las placas plateadas con el yugo y las flechas que los identifican como VPO que el Ministerio de Trabajo del régimen construyó entre finales de los años cuarenta y la década de los sesenta del siglo pasado. Las comunidades de vecinos de 123 de estos inmuebles, sin embargo, ya se han deshecho de ese símbolo, tras responder a una carta que el Ayuntamiento comenzó a remitir el pasado mes de noviembre en las que se ofrecía a retirarlas si sus inquilinos consentían.

“Al tratarse de viviendas de titularidad privada el Ayuntamiento no puede retirarlas sin contar con el consentimiento del propietario”, explica Juan Tomás de Aragón, director del Área de Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, que incluye las competencias de Memoria Histórica, del Ayuntamiento de Sevilla. En las cartas que el Ayuntamiento ha ido enviando en tres tandas —la última terminó la semana pasada— a los presidentes de la comunidad de los 488 edificios donde se ha detectado simbología del Franquismo se les advierte de que están incumpliendo la ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática y que, si lo desean, el consistorio se hará cargo de su retirada sin coste alguno. Tomás de Aragón apunta que “no se retiran porque la conducta no está penada”.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Sevilla sigue la estela de otras similares que ya pusieron en marcha Barcelona, Bilbao o Vitoria. El consistorio sevillano encargó la elaboración de un mapa de la simbología franquista de la ciudad en el que se han identificado 488 edificios con algún tipo de simbología franquista. “Placas del Ministerio de Trabajo en su mayoría, pero también hay otros grabados en piedra”, indica Tomás. La mayoría se concentran en los barrios de Parque Alcosa, Torreblanca, Tres Barrios Amate, Cerro del Águila, Bellavista, Triana o Macarena, muchos de ellos reestructurados o levantados en las primeras décadas de la dictadura.

“Yo ni me he dado cuenta de que tenemos uno en la fachada, ¿dónde está?”, pregunta Soledad Yépez del Hierro, que vive desde 2004 en el número 3 de la calle Doctor Serás, en La Macarena. La placa de latón ajada cuelga encima de un tejadillo que cubre el portal. “No nos han comunicado nada de que haya llegado una carta del Ayuntamiento, pero, vamos, que yo pensaba que tener esto era ilegal y que había que quitarlas. Si hay que votar, lo haré a favor, ni Franco ni el régimen han hecho nada bueno”, asegura. En la calle paralela, Doctores González Meneses, solo cuatro de sus 14 portales carecen de la placa. José Antonio Sánchez vive en el número 12. “NI me molesta ni me deja de molestar”, contesta, mientras aprieta clavijas en el motor de su coche, aparcado frente a su portal.

“Esto tiene que ver con la inacción del Gobierno de la Junta de Andalucía con respecto al desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y por eso la eliminación de la simbología franquista de los edificios particulares depende de las iniciativas puntuales de Ayuntamientos y de las comunidades de vecinos”, se lamenta Antonio Manuel Mateos, vicepresidente y portavoz de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática. El anterior Gobierno de la Junta dejó casi ultimado un decreto sobre símbolos y actos contrarios a la memoria histórica y democrática de Andalucía, que desarrollaba la Ley andaluza de 2017, y que hubiera permitido la retirada de estas placas por entrar dentro del supuesto establecido en su artículo tres: estar en un inmueble de carácter privado con proyección a un espacio público, explica Mateos. El decreto, pendiente del informe del Consejo Consultivo, fue abandonado con la llegada del PP y Ciudadanos a la Junta, que optó por desarrollarlo a través de una orden que no se ha presentado todavía.

En Sevilla ha sido el Ayuntamiento quien ha decidido tomar la iniciativa. En el caso del País Vasco, fue el Instituto de la Memoria la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno autónomo el que identificó los lugares privados y públicos con vestigios de la dictadura y lo comunicó a los consistorios, que, a su vez, se ofrecieron a retirarlos de manera gratuita a las comunidades de vecinos que lo solicitaran, informa Pedro Gorospe. Desde 2016 hasta 2019 se han eliminado 985 placas en viviendas en 81 municipios.

El Ayuntamiento de Barcelona comenzó a retirar estas placas en 2017. En su caso, en la carta que se remitía a los presidentes de la comunidad no existía un ofrecimiento para eliminarlas, sino que se advertía de que, si en un mes no se manifestaban en contra, el consistorio la quitaría y en el siguiente mes podrían determinar si querían conservar el cartel o se lo quedaba el Ayuntamiento. Se han retirado 1.330 símbolos franquistas. 18 fincas optaron por mantenerlos, informa Clara Blanchard.

Consultas a Cádiz

El consistorio sevillano pidió información al de Cádiz para conocer cómo fue su proceso para eliminar los iconos franquistas de las calles gaditanas. Allí se apoyaron en que los edificios privados se encontraban dentro del casco antiguo y al entender que formaban parte del patrimonio histórico se eliminaron. “En nuestro caso no podíamos seguir esa vía porque la mayoría se encuentran fuera del casco histórico, al ser barrios de nueva creación”, señala Tomás.

A 15 minutos andando de la calle Doctor Serás, sin salir del barrio de La Macarena, está el número 1 de la calle Marzo. “Es el único portal de nuestro sector que tiene placa, se nos pasó quitarla, pero como lo va a hacer ahora el Ayuntamiento, no nos preocupamos”, dice Pedro Salvador, presidente de la Asociación de Vecinos de la Hermandad del Trabajo. “Nosotros quitamos las placas por nuestra cuenta cuando se murió Franco, mucho antes de que hubiera leyes de Memoria Histórica. Eso era Franquismo vivo”, afirma.

La intención del consistorio sevillano es destinar las placas franquistas que se encuentren en buen estado para el futuro centro de interpretación de la memoria histórica que se quiere abrir en la antigua prisión de Ranilla. El Ayuntamiento está pendiente de eliminar los rótulos de calles que siguen teniendo su nombre flanqueado por el logotipo de la Falange. “Solo quedan algunos en el barrio de Los Pajaritos”, asegura Tomaás, que se muestra satisfecho con la acogida de la propuesta municipal de retirar los símbolos del régimen de los edificios particulares. “No estamos observando una mala respuesta, teniendo en cuenta que hemos enviado las cartas en distintos momentos, no todas de golpe”, señala.

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