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El Gobierno brasileño ha decidido reforzar la seguridad en todo el país ante el anuncio de nuevas manifestaciones este miércoles, día 11 de enero. El Ejecutivo de Lula da Silva teme que los grupos de apoyo a Jair Bolsonaro vuelvan a causar desórdenes como los del pasado domingo. Entonces, varios grupos de radicales asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia, la capital.

La orden de proteger las instituciones fue presentada por el ministro de la Presidencia, Rui Costa, en declaraciones a la prensa. Lo hizo después de que tanto la Abogacía General de la Unión como la Fiscalía solicitaran a la Corte Suprema la adopción de medidas para prevenir posibles ataques terroristas y actos violentos y vandálicos.

«Determinamos medidas para reforzar la seguridad en todo el país debido a que están circulando invitaciones a nuevas manifestaciones. Por eso, adoptamos una posición de precaución en torno a la seguridad de la Explanada de los Ministerios (la avenida en que están ubicadas las principales edificaciones públicas) y en ciudades de todo el país», afirmó Costa.

Una máxima alerta que se decidió después de confirmar que se estaban divulgando convocatorias en redes sociales por parte de grupos bolsonaristas. Las protestas tendrán lugar a las seis de la tarde (hora local) en la capital, Brasilia, y en otras ciudades como Sao Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte.

Según han indicado los convocantes, las manifestaciones se realizarán por la «recuperación del poder». Un lema que responde a la creencia de los bolsonaristas más radicales. Estos grupos no reconocen la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de octubre y defienden un golpe de Estado para derribarlo. El pasado domingo protagonizaron un violento ataque a la sede Presidencial, al Congreso y a la Corte Suprema.

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Cerca de 1.500 seguidores del expresidente Jair Bolsonaro han sido detenidos por los actos de vandalismo del domingo, que provocaron graves daños a las tres edificaciones, después de que la policía, en una reacción tardía, consiguiera desalojarlos.

En su petición de medidas urgentes a la Corte Suprema, la Abogacía General del Gobierno alega que la llamada «Mega Manifestación Nacional por la Retomada del Poder» convocada por los radicales constituye un «nuevo intento de amenaza al Estado democrático de Derecho». 

También ha instado al Supremo Tribunal Federal (STF) a que ordene que las fuerzas de seguridad pública del Gobierno federal y de las administraciones regionales adopten las medidas inmediatas necesarias para impedir invasiones y bloqueos de vías. La Abogacía afirma que el Estado «tiene que ser salvaguardado y protegido», por lo que es necesario «evitar tanto el abuso de derecho de reunión, utilizado como ilegal e inconstitucional para verdaderos actos que atentan contra la democracia«. 

Igualmente solicitó la restricción puntual y momentánea del derecho a la manifestación y la imposición de multas a las personas y empresas que ofrezcan apoyo logístico y financiero a las protestas convocadas. El organismo también pidió que el Supremo ordene la detención en flagrante de todos los que desobedezcan su decisión y que autorice el bloqueo de los grupos en redes sociales usados para convocar las manifestaciones.

Jair Bolsonaro, por su parte, publicó la noche del martes un vídeo en sus redes sociales declarando que el presidente Lula da Silva «no fue elegido por el pueblo», sino por los jueces del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior Electoral. El exmandatario borró el post inmediatamente, pero el mensaje ya se había difundido rápidamente y suponía su primera valoración del ataque a los organismos oficiales. Decenas de dirigentes mundiales, sin embargo, condenaron con dureza los acontecimientos. 



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