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Carles Vallejo reconoce que la petición de la Fiscalía para que se investiguen las torturas de las que fue víctima durante el último franquismo es “un paso adelante”. Este veterano sindicalista de 72 años fue detenido en dos ocasiones y torturado en la comisaría de Via Laietana, entonces sede de la brigada político-social en el corazón de Barcelona. Vallejo se ha querellado recientemente en un juzgado contra seis mandos policiales y la Fiscalía ha dado el visto bueno para que se lleve a cabo una investigación por crímenes contra la humanidad, al amparo de la nueva Ley de Memoria Democrática.

“No renuncio a nada. Ojalá pueda llegar a una justicia punitiva. Sé que es muy difícil, de entrada porque algunos de ellos ya han muerto. Pero quiero, al menos, que los que aún viven se sientan interpelados por lo que hicieron”, explica Vallejo sobre sus expectativas de un proceso judicial que ahora empieza a andar y que, asume, difícilmente acabará en una condena. Pero la investigación judicial de las torturas durante el franquismo tiene otros fines tal vez más relevantes, como ha recordado la Fiscalía en su escrito sobre el caso: el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a que se repare el daño sufrido.

Las heridas emocionales de Vallejo no se han curado. Tiene una memoria vívida de lo ocurrido durante los 20 interminables días que pasó en la jefatura, pero es una memoria “filtrada por un trauma”. Una de las cosas que ha pedido a la jueza es que le permita regresar “al lugar del crimen”: a Via Laietana. “Necesito volver al lugar donde me torturaron. Para mí sería terapéutico. Estuve muchos días encerrado sin luz, sin saber si era de día o de noche ni dónde estaba”. Vallejo también solicitó, en la querella —que instruye el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona— acceso a los documentos relacionados con su procesamiento, y en especial a “los archivos policiales”, en caso de que aún existan.

Carles Vallejo, en su despacho.
Carles Vallejo, en su despacho.Kike Rincón

El apoyo a las víctimas del franquismo, lamenta, ha sido casi inexistente. “Nos dieron una pequeña indemnización por los años en prisión, y nos han computado ese tiempo en la Seguridad Social. Pero eso son cosas materiales. Nadie ha pensado en el sufrimiento causado ni en el trauma. ¡No tenemos aún ni un censo de víctimas!”, afirma en conversación con EL PAÍS desde su casa, en Cornellà, donde pide que la jefatura superior de policía de Via Laietana se convierta, como exigen muchas plataformas desde hace años, en un espacio de memoria. “No hace ningún favor a la policía democrática que siga existiendo esta comisaría, porque la sombra del dolor siempre estará proyectada en aquel espacio”.

Detenido de camino a la Seat

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Su motivación para emprender un proceso penal contra seis mandos policiales —incluido el comisario jefe Vicente Juan Creix— es individual, pero también colectiva. “Forma parte de una lucha por la verdad, la justicia y la reparación. Muchos se han quedado en el camino y las nuevas generaciones deben saber qué ha pasado”. Lo que le ocurrió a Vallejo comenzó una mañana de diciembre de 1970. Salía de su casa, en el Poblenou, para ir a su trabajo en la fábrica Seat cuando fue detenido por la policía.

Vallejo, que entonces era responsable de las Comisiones Obreras clandestinas en la planta de Seat de la Zona Franca, recuerda que estaba participando en una campaña contra el Proceso de Burgos, en el que el franquismo dictó 17 condenas a muerte (luego conmutadas) contra personas acusadas de pertenencia a ETA. “Llevaba en la mochila unas octavillas para repartir con el poema de Rafael Alberti”, dice sobre los versos del poeta andaluz: “Si los condenas a muerte / si los matas / ellos serán los seis clavos / de tu caja”. Sospecha que alguien en la empresa —”era una fábrica prácticamente militarizada”— le delató, pero el caso es que acabó arrestado y conducido a la temida comisaría de Barcelona.

“Hostias, patadas, insultos”

“En el coche camuflado empezaron las hostias, las patadas, los insultos. Pero entrar en Via Laietana fue como entrar en un agujero negro. Me llevaron a los calabozos subterráneos, donde solo hay una lucecilla que no se apaga nunca, y me fueron llamando para interrogarme cada 3 o 4 horas”. Gracias al estado de excepción dictado para apaciguar las protestas por el Proceso de Burgos, la policía tuvo al sindicalista a su merced durante 20 días. “Sufrí torturas psicológicas y físicas de todo tipo. Me golpeaban como si fuera un maniquí. Me daban golpes persistentes en las partes blandas del cuerpo. El objetivo era romper a las personas para obtener información. Si de paso te destruían, ya eras uno menos”.

Vallejo fue conducido ante el juez por asociación y propaganda ilegal y enviado a prisión provisional. “Ir a la cárcel era una liberación, el fin de las torturas”, cuenta. Después de seis meses, quedó en libertad provisional. En noviembre de 1971, volvió a ser detenido, esta vez solo durante tres días, mientras se producían movilizaciones en Seat por su liberación. Decidió que ya tenía suficiente y se marchó al exilio, primero a Francia y después a Italia. No volvió hasta que, tras la muerte del dictador, se aprobó el indulto de 1976 que perdonaba los delitos de naturaleza política.

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