La Audiencia Provincial toma este lunes declaración al principal testigo de cargo contra Bartolomé Cursach, el empresario Ángel Ávila. Su comparecencia en el macro juicio está fijada para las 13.00 horas y dependerá de cómo avancen el resto de testigos previstos. El juicio cambia de tercio y esta semana comenzarán a testificar los empresarios que denunciaron haber sido coaccionados por los agentes de la Policía Local investigados.
En el caso de Ávila su declaración se presenta como la principal prueba de cargo que apunta directamente a Cursach. Hasta ahora los testigos se han centrado en la Policía Local. Durante la instrucción este empresario, que había trabajado para el grupo del principal acusado declaró que nunca había inspecciones policiales en su contra. Sin embargo, cuando abrió su propio negocio, el Level, denunció que lo tuvo que cerrar por las continuas inspecciones que sufría.
Los policías acusados argumentan que era un establecimiento que carecía de las licencias necesarias para actuar como discoteca. El empresario reclama además una indemnización millonaria a Cursach. Su relato fue clave en el año 2017 y en él se sustenta buena parte del auto del juez Manuel Penalva, ahora procesado, que ordenaba el ingreso en prisión del principal acusado.
El policía afirma que el cierre de El Cavalli, el bar de ‘El Ico’ en Gomila fue muy rápido. «Lo atribuí a que era un local multirreincidente y había multitud de quejas de la asociación de vecinos de El Terreno».
«Declaración sugerida» por Subirán
Declara un agente de la Patrulla Verde. En instrucción habló de preavisos a locales y de que algunos compañeros «tenían novias» en ellas. Hoy se desdice. «Mi declaración estuvo muy condicionada, fue sugerida. No fui yo el que puso esos calificativos». Es uno más. Estos testigos afirman que tenían miedo a ingresar en prisión cuando eran citados en el Juzgado de Instrucción 12 y que el fiscal Subirán les introducía datos en la declaración.
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