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El Gobierno calla ante la expulsión de dos abogadas españolas del Sáhara Occidental

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  • Ni la Presidencia del Gobierno, ni los ministerios de Asuntos Exteriores, Interior e Igualdad se han pronunciado sobre la expulsión del Sáhara Occidental de las abogadas Inés Miranda y Lola Travieso.
  • Exteriores, que reprueba las violaciones de los Derechos Humanos en cualquier parte del mundo, guarda silencio una vez más al tratarse del Sáhara Occidental.
  • El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha contemplado como Marruecos ha realizado 29 expulsiones de españoles y españolas del Sáhara Occidental sin decir ni palabra.

Alfonso Lafarga.-

El Gobierno de España se mantiene en silencio ante la expulsión del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos de las abogadas Inés Miranda y Lola Travieso, que iban a  investigar en la excolonia española denuncias sobre graves violaciones de los Derechos Humanos.

Ni la Presidencia del Gobierno, ni los ministerios de Asuntos Exteriores, Interior e Igualdad, que estaban al tanto del viaje de las letradas, pertenecientes a la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS), se han pronunciado sobre la decisión marroquíes de impedir que las abogadas ni siquiera pudieran descender del avión en el que llegaron El Aaiún, el sábado 3 de junio.

Las abogadas denunciaron el “trato violento” que recibieron, así como la represión que padece el pueblo saharaui, “y eso Marruecos no quiere que lo veamos”, declaró Inés Miranda.

El mismo sábado, el Consejo General de la Abogacía Española presentó un escrito ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación afirmando que no había causa para la expulsión de las abogadas, que trabajan para que se respeten los Derechos Humanos en la antigua colonia española y denunciar su atropello. El Consejo de la Abogacía pidió a Exteriores que formule una queja por escrito ante las autoridades marroquíes.

Sin embargo, por parte del Gobierno español no ha habido manifestación alguna sobre la expulsión, ya sea por medio de un comunicado oficial o a través de las cuentas de Twitter de los departamentos informados del viaje o de sus máximos responsables.

En el caso de Exteriores, el ministro José Manuel Albares, que se suele manifestar personalmente, o lo hace su departamento por medio de comunicados, sobre hechos relacionados con los Derechos Humanos en cualquier parte del mundo, ha vuelto a guardar silencio al tratarse del Sáhara Occidental. Las últimas de Exteriores en mayo han sido uno sobre la situación en Oriente Próximo y dos referidos a la violencia en Gaza.

Desde que gobierna Pedro Sánchez, en junio de 2018, ha habido, al menos, 29 expulsiones de españoles y españolas del Sáhara Occidental.En 18 ocasiones se trató de abogados y abogadas que acudieron como observadores a juicios contra activistas saharaui o por investigaciones relacionadas con los Derechos Humanos, como ha sido el caso de Inés Miranda y Lola Travieso. El resto fueron 8 integrantes de una delegación catalana de representantes parlamentarios  y organizaciones solidarias, una médicauna fotoperiodista y un investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona.

En todas las ocasiones la reacción del Ministerio de Asuntos Exteriores del Ejecutivo socialista, primero con Josep Borrell, después con Arancha González Laya y ahora con José Manuel Albares, ha sido siempre la misma: guardar silencio, el mismo que mantuvo anteriormente el Gobierno del Partido Popular.

Según Abdulah Arabi, representante del Frente POLISARIO en España, con las expulsiones Marruecos prende ocultar lo que ocurre en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental, donde se vulneran los Derechos Humanos de la población civil saharaui “de manera sistemática”, contraviniendo el Derecho Internacional, y otras “atrocidades”, como el expolio de los recursos naturales.

El representante del Movimiento de Liberación Saharaui ha declarado que, ante la “violenta e injusta” expulsión de las abogadas, esperan que las “excelentes relaciones” entre España y Marruecos sirvan para poner fin al hermetismo al que se somete a los Territorios Ocupados y no “para supeditar una vez más las relaciones de vecindad a la vulneración del derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui”.