La baja participación cuestiona la legitimidad del referéndum constitucional de Túnez

Entre el desánimo popular y el llamamiento al boicot por parte de la oposición, cerca de 9,2 millones de tunecinos han sido convocados a votar este lunes en un controvertido referéndum constitucional que propone instaurar un régimen ultrapresidencial. Kais Saied, el jefe de Estado y promotor de la consulta, pretende hacerse con el control total de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y del Ejército tras disolver hace un año el Parlamento con el argumento de que era el responsable de la crisis que arrastra el país desde de que la ‘Revolución de los Jazmines’, fruto de la ‘primavera árabe’, derrocara en 2011 el régimen de Zine el Abidine ben Alí.

Saied, que acudió a votar acompañado de su esposa en la localidad costera de Ariana, denunció que «algunos actores» intentaban sabotear la votación provocando incendios en Túnez. El portavoz de la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE), Mohamed Tlili Mansri, aseguró que las declaraciones serían analizadas por haber incumplido la obligación de no pronunciarse en una jornada en la que se da por hecho una baja participación. Según el organismo, transcurridas las primeras seis horas de la apertura de los colegios, apenas había acudido a las urnas el 11,8% del censo, más preocupado por el grave estado de la economía y el alza de precios que por la política.

Los 15.000 centros de votación habilitados en todo el país abrieron sin incidentes sus puertas a las 6 de la mañana y está previsto su cierre a las 22.00 hora local. Los resultados del referéndum, tal y como explicó el ISIE, no se sabrán hasta el martes o el miércoles. En cualquier caso, los analistas apuntan a que la nueva Constitución saldrá seguramente adelante ya que la mayoría de la oposición instó a la población a no participar y la consulta no requiere un mínimo de votantes.

«Un proceso ilegal»

El partido de inspiración islamista Ennahda, que desarrolló el sábado una protesta y es el mayoritario en el Parlamento disuelto por Saied hace un año, pidió boicotear la cita por considerarla un «proceso ilegal». De igual modo, el principal sindicato, UGTT, no dio consigna de voto mientras que una treintena de organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que el nuevo proyecto de Carta Magna plantea una «concentración excesiva del poder» en torno a la figura del presidente y «los resultados son conocidos por adelantado y no tienen legitimidad alguna».

El propio presidente de la comisión encargada de redactar el texto, Sadok Belaid, alertó de que el documento «no se parece en nada al preparado». No en vano, Saied hizo modificaciones para garantizarse el control de todos los poderes del Estado y además dotarse de una inmunidad total y de la facultad para adoptar «medidas excepcionales».

En cualquier caso, una participación que no llegue al 41%, que fue el dato de las legislativas de 2019, las de menor afluencia desde el derrocamiento de Ben Alí, pondría aún más en tela de juicio la legitimidad de la Carta Magna.