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Redacción | En un comunicado de prensa fechado en el día de ayer, 13 de octubre, el Sector Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT), denuncia la política «Low Cost» de la nueva dirección de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar). Tal como se recoge en la nota de prensa la eficacia de los rescates se ve comprometida por las demoras en la realización de los necesarios mantenimientos periódicos de la flota.

Adviernten, además, que a la parada «in extremis» de una de sus embarcaciones, se sumará próximamente la de otras como consecuencia de la política de recortes en las inversiones que lleva aplicando al dirección de la empresa pública de Salvamento Marítimo desde 2018.

Esto sucede en unos momentos en los que se registra un aumento del flujo de llegada de embarcaciones con personas migrantes a Canarias y por tanto, de la exigencia de contar con más medios para evitar que el número de muertes en la ruta canaria continúe creciendo. Según reporta Salvamento Marítimo en la madrugada del pasado miércoles 11 de octubre fueron rescatadas 199 personas, cifra que en los seis primeros meses del año llegó a ser 1.600, según las mismas fuentes. Fortuna que no alcanzó a la treintena de personas que desaparecieron al hundirse la lancha neumática en la viajaban a 150 kilómetros de Gran Canaria el pasado mes de junio, o las 20 personas fallecidas que viajaban en un cayuco senegalés y que estuvo 18 días a la deriva el pasado julio. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) entre enero y junio de este año habrían perecido 177 en la travesía entre el oeste de África y Canarias. Mientras que el Informe de la ONG Caminando Fronteras habla de 7.692 víctimas en la Ruta Canaria entre 2018 y 2022. Tal como se señala en dicho informe una de las causas por las que se producen estás muertes es no haber activado los medios de búsqueda necesarios, calificando de insuficiente los marítimos. Si bien todas estas cifras representan las consecuencias dramáticas de la necropolítica1 migratoria europea, desde luego, la política «Low Cost» de la dirección de Sasemar, no contribuirá a mitigar sus efectos tal como denuncia el comunicado de CGT.


[1] Término acuñado por el filósofo camerunés Achille Mbembe, que hace referencia al uso del poder político y social para dictar cómo algunas personas pueden vivir y cómo otras personas deben morir. Comprende un conjunto de prácticas normalizadas en territorio de frontera, mediante las cuales las personas migrantes son desposeídas de sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida y el derecho a la libertad de movimiento.

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