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La reciente aprobación en el Congreso de los Diputados aprobó la nueva Ley del Cambio Climático y Transición Energética implica el nacimiento de la primera norma integral sobre el cambio climático aprobada en España, una ley que en principio debería guiar al país para el ambicioso objetivo marcado por la Unión Europea: alcanzar la neutralidad climática en 2050 (esto es, que solo se emitan los gases de efecto invernadero que puedan capturarse por los sumideros naturales, como bosques u océanos). La norma se traduce en una batería de medidas concretas en las que existe un común denominador: la reducción de las dependencia de los combustibles fósiles.
1) Vehículos sin emisiones para 2050
La neutralidad climática para 2050 implica que para esta fecha exista “un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO₂“ . En este sentido, la ley establece que en 2040 no se podrán vender turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos que emitan CO₂.
2) Zonas de bajas emisiones
La reducción de las emisiones no solo afecta al parque móvil privado, también a las instituciones públicas. En este sentido, la norma establece que todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán adoptar planes de movilidad, como zonas de bajas emisiones parecidas a las establecidas en ciudades como Madrid o Barcelona, una medida extrapolable a aquellos municipios de más 20.000 habitantes con bajos niveles de calidad del aire.
3) Más puntos de recarga
La ley establece obligaciones para extender los puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto en gasolineras como en edificios o aparcamientos. Instalaciones que deberán incluirse del mismo modo en aquellas edificaciones no residenciales que tengan más de 20 plazas de aparcamiento.
4) Transporte público sostenible
Se generaliza el uso de transportes colectivos basados en combustibles alternativos, con “especial énfasis en los biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico”, mientras que se propone limitar el uso de biocombustibles de primera generación (aquellos elaborados a partir de cultivos alimentarios). Una futura ley de movilidad contempla incentivos para generalizar la implantación del ferrocarril en el transporte de mercancías de distancias superiores a los 300 kilómetros.
5) Duplicar la cuota de renovables
Para el año 2030 la ley contempla duplicar la cuota de energías renovables dentro del mix energético hasta alcanzar el 74% de la producción. Además, se 2050 como al fecha límite para que España que autoabastezca con un 100% de energías libre de emisiones.
6) Prohibición de nuevos proyectos de explotación de hidrocarburos.
A partir de la entrada en vigor de la norma, quedan expresamente prohibidos todos los proyectos relacionados con la extracción de hidrocarburos dentro del territorio nacional. Los permisos de investigación y explotación de yacimientos vigentes no podrán prorrogarse más allá de 2042.
7) El cambio climático en el plan de estudios.
La normativa prevé que los planes educativos de institutos y colegios incorporen en los planes de estudio el temario relacionado con la emergencia climática, el uso de plástico y los hábitos sostenibles.
8) Prohibición del «fracking»
La fractura hidráulica: una técnica extractiva consistente en romper rocas subterráneas para extraer gas natural mediante la inyección de agua a presión, queda expresamente prohibido en todo el territorio nacional.
8 )Mejora de eficiencia energética
Uno de los puntos clave de la nueva ley es mejorar la eficiencia energética de las nuevas edificaciones e impulsar el autoconsumo de energías renovables. Para ello el Gobierno deberá poner en marcha un plan de rehabilitación de viviendas e infraestructuras públicas.
Las Administraciones tendrán que aprobar incentivos para la “introducción de las energías renovables” para impulsar así el autoconsumo y la calefacción y refrigeración de cero emisiones. También se apuesta por el uso de materiales con la menor huella de carbono posible y por las mejoras en la accesibilidad.
9) Adaptación al impacto del cambio climático
La normativa no solo fija objetivos destinados a reducir las emisiones, sino también a adaptarse a los estragos del cambio climático. Par ello, el Gobierno deberá aprobar cada cinco años un plan nacional en el que se “identifiquen y evalúen los impactos previsibles y los riesgos”, para ‘varios escenarios posibles”, así como una evaluación de la “vulnerabilidad de los sistemas naturales”, que deberán actualizarse de forma periódica.
10) Incorporar el cambio climático en los planes de estudios.
La normativa prevé que los planes educativos de institutos y colegios incorporen un temario relacionado con la emergencia climática, el uso de plástico y los hábitos sostenibles.
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El papel de los bosques como sumideros de carbono
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