Qué quiere y hasta dónde quiere llegar Israel lo dicen sus propios representantes políticos. Y en sus propias voces -más allá de informes filtrados estos días- podemos encontrar respuestas, así como en los hechos ya consumados.
El desplazamiento forzado
El primero de estos hechos claramente visible es el desplazamiento forzado —que puede constituir un crimen de guerra o de lesa humanidad— de al menos un millón cuatrocientos mil palestinos de Gaza, desde el norte al sur. Israel ha forzado esta huida masiva de palestinos a través de intensos bombardeos en el norte y de órdenes específicas para que se desplazaran al sur, un área sobre la que, sin embargo, ha seguido lanzando ataques aéreos.
En los ataques israelíes una y otra vez se producen numerosas bajas civiles, con la justificación de asesinar a integrantes de Hamás. Los asesinatos extrajudiciales de presuntos militantes con uso desproporcionado de la fuerza constituyen una grave violación de los derechos humanos y normalizan el uso de bombardeos masivos como sustitución de los arrestos, juicios y sentencias.
Esto en sí mismo constituye la asunción del método de aplastamiento militar en sustitución de vías democráticas y legales. El daño que origina en víctimas civiles es gigantesco y no garantiza la consecución del fin perseguido. La historia reciente demuestra que la violencia engendra más violencia.
Por otro lado, cabe preguntarse si Israel quiere acabar con las Brigadas Ezzeldin Al Qassam —brazo armado de Hamás— o también con el partido político —y movimiento— Hamás, cuyos máximos líderes políticos no se encuentran en Gaza. Sí hay en Gaza una extensa red de funcionarios que están bajo mando del Gobierno de Hamás y que forman parte de su estructura: burócratas, maestros, jueces, inspectores, policías. ¿Serán todos ellos también asesinados?
Gaza dividida en dos
La Franja ya está de facto dividida en dos, a través de los ataques aéreos israelíes y de la incursión de sus tropas terrestres, que han rodeado la ciudad de Gaza y establecido una línea de separación entre el norte y el sur. El Ejército israelí sigue combinando los bombardeos con los ataques por tierra en el norte, donde se calcula que permanecen más de 350.000 palestinos que no han podido o no han querido huir, por no tener a dónde ir. Una instalación de Naciones Unidas en Khan Younis, la primera ciudad del sur tras la línea de desplazamiento, alberga ya a 22.100 personas, más de diez veces su capacidad.
El plan de Israel es proseguir con su campaña militar y esto ‘explica’ que sus grandes aliados occidentales opten por no pedir el alto el fuego inmediato, que es lo único que evitaría más muertes, heridos, hambre, enfermedades y destrucción de infraestructuras. Es decir, se sigue allanando el camino a Tel Aviv para que continúe con más ataques en un momento en el que ya hay más de nueve mil personas muertas, más de cuatro mil menores.
Esta estrategia militar puede implicar que mueran cientos de palestinos más. O miles. ¿Qué Estado o institución internacional va a establecer el límite? Si no se pone límite, si no se insiste en colocar el foco político, diplomático y mediático sobre esta masacre, las víctimas mortales pueden llegar a ser decenas de miles.
Ante ello, todos los gobernantes —los de más capacidad de influencia internacional y los de menos— tienen en sus manos usar las palabras precisas y abordar los movimientos necesarios para lograr un alto el fuego inmediato. Pero de momento la mayor parte de la comunidad internacional occidental sigue evitándolo.
Hasta dónde quiere llegar Israel lo muestra la destrucción de infraestructuras esenciales en Gaza y el desplazamiento forzado de un millón y medio de palestinos
Un gigantesco campo de desplazados
Con el desplazamiento forzado de población palestina del norte al sur las propuestas del Gobierno de Netanyahu contemplan ahora la creación de lo que llaman una “zona de amortiguamiento” en el norte de la Franja, con un territorio que quedará bajo control militar israelí por un tiempo indeterminado.
Muchas de las personas desplazadas al sur no podrán regresar a sus hogares, porque han quedado destruidos o porque el propio Ejército israelí trata de impedirlo. No hay infraestructura ni productos de primera necesidad suficientes —ni en el norte ni en el sur de Gaza— para atender a la gente sin casa, a los heridos, a lo huérfanos, a las personas enfermas.
Por tanto los hechos ya consumados apuntan a la creación de grandes campos de desplazados internos o a la salida presuntamente temporal de un número de población por el paso de Rafah para ser atendida en el lado egipcio.
El plan de expulsión
Uno de los planes que Israel ha contemplado seriamente es el de impulsar ese desplazamiento forzado de población civil palestina más al sur, para que cruce a Egipto a través del paso de Rafah, que de momento continúa cerrado. Así lo expresó públicamente hace un par de semanas el viceministro de Exteriores israelí, quien propuso que “se vayan” al Sinaí egipcio y se asienten allí en tiendas de campaña que “convertiremos en ciudades”. En ese sentido también se ha filtrado a la prensa un documento interno del ministerio de Inteligencia israelí, en el que se establece lo siguiente:
“Los mensajes deberían girar alrededor de la pérdida de territorio, dejando claro que no hay esperanza de regresar a los territorios que Israel pronto ocupará, independiente de que sea cierto o no”, indica el documento.
Una propuesta similar también presentaba recientemente uno de los think tanks israelíes más vinculados al partido Likud del primer ministro Netanyahu. Que este sea el objetivo final dependerá de numerosos factores, incluida la vigilancia y presión internacional, clave en las próximas semanas y meses.
Como ha indicado en la revista Time el académico experto en Oriente Medio H.A. Hellyer, del Carnegie Endowment for International Peace, la existencia de este informe indica que “en los más altos niveles del gobierno israelí esto se ha discutido como una opción. (…) Así que [Egipto] no es irracional al pensar que puede darse el caso”.
Estos días ha llamado la atención el lenguaje de la Casa Blanca en uno de sus comunicados —donde establece financiación adicional para Israel— en el que indica que “estos recursos abordarían necesidades potenciales de los gazatíes que huyan a países vecinos”. Tras las interrogaciones expresadas públicamente por algunos analistas, Washington ha explicado que esa línea fue incluida para prepararse “para todas las posibles contingencias”.
Los precedentes históricos
Esa idea o modelo de desplazamiento ya se produjo durante las expulsiones de 1948 —Plan Dalet— y 1967, durante las cuales cientos de miles de palestinos tuvieron que reasentarse en Jordania, Líbano y Siria como un plan presuntamente temporal que terminó siendo un hecho consumado con el paso de los años, hasta hoy, cuando sus descendientes permanecen en los mismos campos de refugiados en esos países. En los mismos cuadrantes donde se instalaron las tiendas de campaña posteriormente se levantaron casas de cemento y barro.
Egipto ha dicho públicamente que nunca permitiría ese plan y ha sugerido a Israel que asiente a los palestinos de Gaza en el desierto del Néguev israelí, sabiendo que Israel no está dispuesto a aceptar dentro de su territorio a población palestina porque eso mermaría el porcentaje de población judía y pondría en riesgo la mayoría de la misma, esencia de ser del Estado judío concebido como tal.
Aun así, diversas informaciones indican que Netanyahu ha pedido a varios líderes regionales e internacionales que convenzan a Egipto para que admita refugiados palestinos a cambio de que el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional condonen una parte significativa de la deuda egipcia. Más allá de esto, la situación en el sur de Gaza es en sí insostenible, por lo que se contempla la instalación temporal de tiendas y hospitales de campaña en el lado egipcio para atender eventualmente a población palestina si en algún momento obtuviera permiso para salir.
La habitual política israelí de hechos consumados implica la perpetuación de situaciones aparentemente transitorias
El Gran Israel: más ocupación
El proyecto soñado por una parte del sionismo es la consolidación del Gran Israel, es decir, el territorio israelí de antes de 1967 más los territorios palestinos de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. En ese sentido, Netanyahu mostró un mapa el pasado mes de septiembre en la Asamblea de Naciones Unidas incluyendo esos territorios como Estado israelí.
Y en esa dirección se han movido las políticas israelíes de ocupación ilegal en Cisjordania y Jerusalén Este, con la extensión de asentamientos judíos en tierra palestina y el refuerzo del sistema de segregación contra los palestinos. En estos últimos años cientos de palestinos han sido expulsados de sus hogares en Cisjordania y Jerusalén, y solo en las últimas semanas trece comunidades han sido desalojadas por soldados o colonos.
Aunque las declaraciones públicas gubernamentales de la mayoría de la comunidad occidental apuntan a la solución de dos Estados —Israel y Palestina— en la práctica se ha actuado en sentido inverso a la misma a lo largo de los años. La presencia de más de 600.000 colonos en territorio palestino —a principios de siglo no llegaban a 200.000— impide de facto una continuación territorial para ese futuro Estado palestino en la propia Cisjordania, donde una elaborada estructura de checkpoints, muros y carreteras de uso exclusivo israelí consolida un sistema de apartheid.
En cuanto a Jerusalén Este, entre 1967 y 2016 Israel revocó el estatus de residente —y por tanto el derecho a vivir en Jerusalén— a al menos 14.595 palestinos de esa parte de la ciudad, en lo que se conoce como transferencias forzadas, según Human Rights Watch. En las últimas semanas se han intensificado las operaciones militares israelíes en Cisjordania, donde desde el pasado 7 de octubre han matado ya a al menos 130 palestinos y donde se está impidiendo libertad de movimientos a la población.
El después
Qué será de Gaza, de su población, y quién gestionará la Franja son preguntas sin respuesta pública aún. ¿Qué planea Israel exactamente? Como contaba el Financial Times hace unos días, surgen preocupaciones ante la posibilidad de que Israel “no tenga plan” para el después.
Estados Unidos ha mencionado varias opciones: el envío de personal de Naciones Unidas o la creación de una fuerza multinacional conformada por países vecinos para que coordine una transición. También ha barajado la entrega del control a la Autoridad Nacional Palestina que gobierna Cisjordania, algo que no contempla Israel, al menos de momento.
Este domingo el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se reunió en Ramala con el presidente palestino Mahmoud Abbas, quien exigió un alto el fuego inmediato y señaló que la Autoridad Nacional Palestina solo asumiría la gestión de Gaza como parte de una solución diplomática integral para los territorios palestinos. El mandato oficial de Abbas, elegido por última vez en unas elecciones en 2005, expiró en el año 2010, pero continúa ejerciendo como presidente, a falta de nuevos comicios. Del mismo modo, las últimas elecciones legislativas —en las que ganó Hamás— se celebraron en 2006, es decir, hace ya diecisiete años.
Cualquier asunción de poder político en la Franja con capacidad de acción y de ser percibido como legítimo requeriría celebración de elecciones previa y un proceso diplomático fuerte, dos pasos que Tel Aviv no contempla por el momento. A lo largo de los años, de hecho, tanto Estados Unidos como Israel han apostado por enquistar la situación, lo que ha implicado perpetuar todas las medidas que mantienen debilitada a la Autoridad Palestina y paralizada cualquier solución para la creación de dos Estados.
La “matemática insurgente”
Como indican algunos expertos militares, el pasado reciente nos muestra que acabar con un grupo armado ocupando territorio, bombardeando masivamente a población y asesinando a un gran número de civiles puede provocar un aumento la insurgencia y la perpetuación de la violencia. Así ocurrió en Afganistán e Irak. Así ha ocurrido en la propia Gaza a lo largo de los años, a medida que las ofensivas israelíes contra la Franja han ido recrudeciéndose.
El general estadounidense Stanley McChrystal, quien comandó la guerra en Afganistán y dirigió comandos en Irak, lo llamó “la matemática insurgente”. Estimó que por cada civil asesinado podían aparecer al menos diez insurgentes nuevos.
La Oficina Nacional de Investigación Económica llegó a la misma conclusión en 2010 en un informe llamado “El efecto de las bajas civiles en Afganistán e Irak” y elaborado por investigadores de las universidades de Princeton, Stanford y la Escuela de Economía de Londres. En él se indicaba que desde 2001 la estrategia estadounidense había originado decenas de miles de nuevos insurgentes.
Un gigante campo de desplazados
La habitual política israelí de hechos consumados implica la perpetuación de situaciones aparentemente transitorias. Lo que parece un contexto temporal termina, una y otra vez, consolidándose como algo definitivo. Ese es el gran elefante en la habitación que existe a la hora de analizar el futuro de Gaza. La ofensiva continúa en tiempo presente y se prolongará -con cambios de intensidad- durante un tiempo indefinido, lo que implicará la falta de organización y estructuras en la Franja, así como el mantenimiento del control militar israelí de las “zonas de amortiguamiento”.
En cuanto a la población palestina superviviente, una gran parte tendrá que vivir en estructuras improvisadas, dependerá -más aún- de la ayuda humanitaria y sufrirá el enorme deterioro de la seguridad, del orden público y de la gobernanza. La Franja pasará de ser un enclave asediado a un gigantesco campo de desplazados internos apátridas, sin derechos fundamentales.
Todo ello con la firma de Israel, de Estados Unidos, y de la mayoría europea. Y con 14.500 millones de dólares de ayuda militar de Washington que -a la espera del voto en el Senado- se añadirán a los más de 3.000 millones anuales habituales para Tel Aviv, mientras el Ejército israelí sigue matando a civiles en Gaza.
En cuanto a quienes observamos con horror la envergadura de los crímenes -y el apoyo o la inacción de tantos gobiernos- siempre nos quedará, como escribió Primo Levi, “la facultad de negar nuestro consentimiento”.