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El partido que lidera la coalición de Gobierno en Polonia anunció este viernes que en otoño se reformará, en unos términos aún no precisados, la Sala Disciplinaria Judicial, un organismo que está en el origen del contencioso entre las justicias polaca y europea.

La corte de Luxemburgo ordenó la semana pasada a Varsovia que suspendiese la actividad de esa sala que el gobierno polaco creó en 2017, por estimar que su composición y funcionamiento no son completamente independientes del Ejecutivo, y amenazó con sanciones económicas si no se ejecuta su decisión.
El Tribunal Constitucional sentenció que el requerimiento del Tribunal europeo no es compatible con la Constitución polaca, por lo que el Tribunal Supremo de este país permite que la Sala Disciplinaria continúe trabajando.
El jefe del grupo parlamentario del PiS (Ley y Justicia, partido del gobierno), Ryszard Terlecki, aseguró que «la reforma está lista», si bien aún no se han determinado ni su carácter ni su alcance.
Ya este jueves el primer ministro, Mateusz Morawiecki, adelantó a la prensa en Bialystok (nordeste) que «el funcionamiento de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo puede y debe revisarse» y que este organismo «ciertamente no ha estado a la altura de las expectativas».
«Estoy muy de acuerdo con una frase que dijo en una entrevista la presidenta del Tribunal Supremo (Malgorzata Manowska)», dijo Morawiecki. «Vale la pena buscar soluciones para que la Sala Disciplinaria funcione de modo que, los que infrinjan la ley, no esperen, como solía ser el caso, hasta la prescripción del delito, o se enfrenten a veredictos extremadamente benevolentes», afirmó Manowska en esa entrevista a la que se refería Morawiecki.
Manowska defendió una solución que permita acatar las demandas del Tribunal de Justicia europeo, aunque ello suponga «suspender temporalmente el funcionamiento de la Sala Disciplinaria», si bien defendió su creación y la imposición de disciplina en el cuerpo judicial, pues «si la disciplina no es inflexible, no habrá confianza social en los jueces».
Aún está pendiente de resolverse una causa elevada por Morawiecki al Tribunal Constitucional, en la que se debe dilucidar si la Justicia polaca tiene primacía sobre la legislación europea en caso de conflicto, y si en última instancia Polonia consuma su desvinculación del ordenamiento jurídico de la UE o se pliega a él.
La sentencia, que se ha retrasado de manera inesperada y sin ningún motivo aparente en varias ocasiones, está prevista para el 31 de agosto después de haber sufrido un nuevo retraso.

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