El relator de la ONU, Pablo de Greiff, en 2019.
El relator de la ONU, Pablo de Greiff, en 2019.Emilio Naranjo (EFE)

Pablo de Greiff, uno de los mayores expertos internacionales en derechos humanos, se quedó muy sorprendido cuando en 2014 visitó España durante 10 días para analizar, como relator de Naciones Unidas, las políticas de memoria y la situación de las víctimas del franquismo. Se reunió con representantes del Gobierno, entonces en manos del PP, visitó Paracuellos y el Valle de los Caídos y remitió a la ONU un demoledor informe con las carencias de la legislación española en la materia. La nueva Ley de Memoria Democrática incorpora buena parte de sus recomendaciones de entonces. De Greiff forma parte ahora de la comisión especial de Naciones Unidas para investigar crímenes y violaciones de derechos humanos en la guerra de Ucrania, pero ha asesorado al Gobierno español en la elaboración de la norma, que comenta al teléfono desde Nueva York.

“Estuvimos diez días en Ucrania y ha sido durísimo. Nuestro cometido es investigar crímenes y violaciones del derecho internacional para tratar de identificar a los culpables y reparar a las víctimas. Yo llevo 30 años en esto, pero he vuelto muy impresionado por la magnitud de la destrucción y la arbitrariedad de la violencia. Bloques enteros de apartamentos de 25 plantas completamente derruidos, muchísimos niños perdidos, gente a la que se obligaba a salir a la calle para ser asesinada, mujeres embarazadas que obviamente no suponían ninguna amenaza militar. Grotesco…”, relata. El viaje fue en junio, lo que le ha permitido seguir el debate de la ley de Memoria Democrática esta semana. “Me parece muy desafortunado lo ocurrido”, lamenta sobre la oposición de la derecha. “En Ucrania también he visto una instrumentalización inmensa de la historia, pero siempre me ha sorprendido el desfase entre la capacidad española, el grado de fortaleza de sus instituciones y la timidez con la que ha abordado este tema”.

La disposición más polémica de la ley es la que plantea la creación de un grupo de expertos que estudie las violaciones de derechos humanos entre 1978 y 1983 y reconozca a sus víctimas. PP, Ciudadanos y Vox han acusado al Gobierno de haber cedido a Bildu y haber prolongado la Transición hasta el primer Gobierno socialista, una crítica a la que se han sumado alggunos exministros del PSOE. “La mayor parte de los conflictos no terminan un día determinado”, responde el alto comisionado de la ONU. “Hay disidencias, grupos armados que pasan al crimen organizado… Un régimen democrático tiene que estar abierto al estudio de ese tipo de violaciones entendiendo que pueden producirse incluso después de hitos tan importantes como la aprobación de una Constitución, un acuerdo de paz o la celebración de unas elecciones”.

Las políticas de memoria, insiste, “no son un invento de España o de un partido político, son asuntos de Estado y responden a obligaciones internacionales. Se hacen por los ciudadanos”. Preguntado por qué le contestaría a quienes se oponen a la ley alegando que reabre heridas o que obedece a un espíritu revanchista, responde: “Les diría que la democracia española es mucho más fuerte que lo que esas opiniones sugieren, que no solo no se va a resentir, sino que se va a fortalecer; que países en circunstancias mucho menos favorables han logrado afrontar su pasado sin que el cielo se caiga; que el Estado tiene una deuda con las víctimas del franquismo que aún están en cunetas y que han sido tratadas como criminales por ser maestros o participar en un sindicato, y que es su obligación resarcirlas. Ya es tiempo de hacerlo”.

En su visita a España en 2014 le llamó especialmente la atención la “equidistancia” con la que algunos libros de texto se referían a la Guerra Civil y la dictadura y aplaude que la nueva ley incorpore contenidos específicos para explicar la represión franquista. “¿Cómo va a ser adoctrinamiento favorecer que los jóvenes conozcan su propia historia? Nada de esto obedece a un espíritu revanchista. Decir eso no tiene sentido”.

Respecto a las críticas al texto de asociaciones memorialistas y partidos que creen que la ley se ha quedado corta, el experto opina: “Uno puede escoger en qué se fija: en lo que no contempla la ley o en las posibilidades que abre. Creo que vale la pena hacer lo segundo y tener en cuenta que estos procesos se hacen poco a poco. Ahora tenemos una experiencia acumulada de 30 años de la llamada justicia transicional. Si miramos retrospectivamente los casos de Argentina o Chile vemos que no hubo un programa perfectamente articulado desde el principio, sino que se fue ampliando y mejorando de forma gradual. Por ejemplo, la primera comisión de la verdad en Chile solo investigaba los casos de muerte de las víctimas y más adelante se amplió a torturas y detenciones ilegales. A mí me encantaría que los legisladores fueran súper ambiciosos desde el principio, pero hay todo tipo de consideraciones que muchas veces lo impiden, no solo en España, sino en todo el mundo. Esta ley no es el triunfo total, pero crea instrumentos importantes en la dirección adecuada y eso es algo a celebrar”.

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De Greiff destaca, desde el punto de vista simbólico, “el repudio a la dictadura” y la “nulidad de las sentencias”. Subraya el afán de la norma por reunir información dispersa para elaborar un censo de víctimas y otro de las propiedades incautadas. “Es cierto que no es lo mismo que resolver directamente el problema de esas apropiaciones, pero hay una diferencia inmensa entre discutir ese tema cuando se conoce su magnitud que hacerlo en abstracto”. El experto entiende “el escepticismo” de algunas asociaciones memorialistas, “porque durante mucho tiempo la relación que han tenido los diferentes Gobiernos con ellas ha sido de distancia” y celebra que la ley cree “un instrumento de escucha y comunicación directa”. En cuanto al ámbito de la justicia, señala: “La creación de un fiscal de sala, la referencia al derecho a la verdad y la interpretación de las leyes, incluyendo la ley de amnistía, también abre posibilidades interesantes para las víctimas, aunque no sea una medida completamente radical. De nuevo, se trata de hacer un balance, decidir si nos fijamos en lo que sí dice la ley o nos estancamos en la discusión sobre lo que todavía no dice. Yo creo que hay que aprovechar todas las oportunidades”.

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