Una noche de noviembre de 2018, alrededor de 20 agentes policiales llegaron a la casa de José, forzaron la puerta de su vivienda y una vez adentro procedieron a leerle una orden de captura mientras le ponían las esposas. José y su familia estaban confundidos. Él no había cometido ningún delito, pero la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusaba de fraude procesal y coacción. Ese día empezó un largo camino para demostrar su inocencia, que terminó casi tres años después con una denuncia contra los fiscales que llevaron uno de tres procesos en los que fue acusado.

José es abogado y admitió contar su historia con la condición de no dar su nombre real porque hoy existe una denuncia suya contra los fiscales que lo acusaron. Todavía siente temor, pero confía en que la institucionalidad funcionará para determinar que en su proceso se cometieron errores, como manifiesta que se pueden cometer en muchas otras acusaciones contra ciudadanos salvadoreños que, a diferencia de él, no saben cómo proceder en casos como este.

Cuando cosas como esta pasan, existe una unidad dentro de la FGR a la que se puede acudir para que cualquier fiscal o empleado del Ministerio Público sea investigado y se determine si ha cometido alguna falta. Se trata de la Unidad de Auditoría Fiscal, que funciona para realizar indagaciones internas de personal jurídico y administrativo e instruir el proceso para aplicar faltas leves, graves o muy graves.

Las denuncias pueden llevarse acabo de dos formas: por un informe presentado por un jefe inmediato o por denuncia de personas exteriores a la institución, como en el caso de José. Tras la denuncia se inicia un proceso administrativo sancionador con base a Ley Orgánica de la Fiscalía y la Ley Procedimientos Administrativos.

Entre enero de 2019 y el 15 de marzo de 2021 esta Unidad de Auditoría Fiscal ha dado trámite a 770 denuncias en etapa investigación preliminar, que es donde se verifica si el auxiliar fiscal denunciado cometió o no una infracción. De estas, 110 pasaron a la etapa de investigación disciplinaria, donde se determina las sanciones que se deben colocar según la falta cometida. En la mayoría de ocasiones (ver estadísticas) la sanción suele ser una suspensión sin goce de sueldo, según datos proporcionados a LA PRENSA GRÁFICA por medio de la oficina de acceso a la información de la FGR.

Durante el proceso de investigación interna el auditor le informa a los fiscales investigados que tienen cinco días hábiles para presentar un escrito de defensa en el que puede proponer testigos, diligencias y todo lo que contribuya a determinar que no han cometido la falta. Posterior a ello, la unidad determina las faltas, en caso de confirmar que sí las hubo.

CASOS QUE NO AVANZAN

Entre las 770 denuncias mencionadas anteriormente está la de José, quien ha pedido que se investigue a los fiscales a cargo de uno de los casos donde le imputaron. Quería respuestas porque la Fiscalía lo acusaba de aparecer en un álbum fotográfico donde se había realizado la compraventa de un vehículo en el que, según su testimonio, nunca participó y fue incriminado, lo cual logró demostrar.

Aunque la denuncia de José fue puesta en 2019, la Unidad de Auditoría Fiscal no le ha brindado respuesta, no conoce el estado actual de su denuncia porque esta fue declarada en reserva por la misma Fiscalía y no la puede conocer ni él. La actual jefa de esta unidad, Lucrecia Padilla, fue quien estaba a cargo de la Unidad de Hurto y Robo en el momento que José puso la denuncia, no es ella directamente la denunciada, pero a esa unidad pertenecen los fiscales a los que él ha denunciado.

“Denuncié a los fiscales que llevaron ese proceso, pero ella era la jefa de esa unidad y a través de esta se estuvo llevando el caso en mi contra. Cuando denuncié se excusaron por carga laboral. He solicitado audiencia con el fiscal para intentar conocer los avances y me la han negado. Lo correcto sería que ella (Padilla) se excusara de conocer el caso ahora que es jefa de auditoría”, sostuvo José.

LA PRENSA GRÁFICA solicitó a la FGR una entrevista con Padilla para conocer no solo sobre este caso, sino sobre el funcionamiento de la unidad y de sus proyecciones en este nuevo cargo, pues fue puesta en él tras la llegada del actual fiscal general, Rodolfo Delgado. Sin embargo la entrevista fue negada.

Un exempleado de la FGR, quien pidió que no se publicara su nombre por seguridad, apoyó la idea de que en el caso de José, quien tiene una denuncia activa, Padilla debe ser recusada porque conocía previamente del caso. Además, enfatiza en que aunque el fiscal general conozca directamente la situación y decida asignar a otra persona, él fue quien la llevó a ese puesto y difícilmente podría cambiar de opinión.

José cree que la misma unidad que investiga a fiscales no puede depender de la misma institución porque se pierde objetividad y por ello el acceso a la justicia. “He sido víctima de ese tipo de procedimientos también le pueden suceder a muchas personas más, que tal vez no tienen idea de qué hacer ante la situación. Es importante que la Auditoría no dependa de la FGR, sino de una investigación externa”.

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