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La Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, ha enviado este miércoles un escrito a los fiscales encargados de estos crímenes en toda España para coordinar sus actuaciones después del reciente incremento en los asesinatos registrados.

Peramato recuerda que aunque en el 50% de los crímenes de diciembre había denuncias previas contra el agresor, «sólo en dos ocasiones se acordó una orden de protección y en ambas quedaron sin efecto» en pocos meses. Algo similar sucede con los datos de todo el año 2022. En el 42,8% de los casos había denuncias previas, pero sólo en 6 ocasiones se acordó una orden de protección.

«La proporción de solicitudes de órdenes de protección en relación con el número de denuncias es del 20% (10.302 solicitudes frente a 49.479 denuncias) y las acordadas fueron el 66,7% de las solicitadas (6.873), por lo que en relación al total de denuncias interpuestas solo se acordó protección en un 13.9% de los supuestos denunciados», concluye la fiscal, que considera que hay una «escasa protección penal» en estos casos.

La Fiscalía pide solicitar más medidas de protección, aunque las mujeres no las pidan

Peramato continúa explicando que hay una «escasa aplicación del Protocolo Médico Forense de Valoración del Riesgo» y asegura que la valoración policial del riesgo no es suficiente, por lo que echa en falta que haya más unidades de valoración integral forense para completar la evaluación policial. Hay territorios donde no existen.

En consecuencia, la fiscal de sala solicita a los fiscales españoles que abordan casos de violencia de género que soliciten, aunque las víctimas no lo pidan, medidas de protección siempre que proceda, tanto para las mujeres como para sus hijos. En el caso reciente de Adeje, por ejemplo, la mujer que terminó asesinada por su pareja delante de sus hijos descartó pedir orden de protección después de denunciarle.

Por ejemplo, siempre que la valoración de riesgo policial sea «extremo», «alto» o «medio de especial relevancia», los fiscales deberán solicitar la instalación de un dispositivo telemático en los casos en los que no se dicte prisión provisional contra el agresor.

La instrucción de la fiscal de sala para mejorar la protección de las víctimas de violencia machista llega después de que se haya conocido su criterio sobre el plan del Ministerio del Interior para avisar a las mujeres de los antecedentes de sus parejas.

La fiscal de sala ponderó que esta medida se podía aplicar, pero no de manera automática en todos los casos. Es necesario valorar el riesgo de la víctima en cada caso y la utilidad de darle esta información, que supondría pasar por encima del derecho del agresor a la gestión confidencial de sus datos personales. Según el criterio de la Fiscalía, esto se podría hacer cuando se establezca que dar esa información facilitará la puesta en marcha de medidas de protección y autoprotección. Además, sugiere la fiscal que para aclarar la aplicación de la medida en los niveles de riesgo adecuado, se debería incluir en el protocolo policial.



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