Hermanas y hermanos cristianos,

Os dirigimos una carta fraternal. Queremos conocer vuestra opinión sobre algunos fenómenos que están ocurriendo en nuestra Iglesia española, y buscar conjuntamente una salida justa y evangélica a los mismos. Los hechos son de tal importancia que no deberían dejarnos indiferentes. Algunos nos llenan de satisfacción, otros, nos causan perplejidad e inquietud.

1. Nos alegran los gestos de solidaridad que, bajo esta pandemia, muchos hermanos y hermanas nuestros están realizando desde las parroquias y comunidades en servicio de las personas más vulnerables.
Aunque no es una solución definitiva, el cuidado de las personas
vulnerables es un imperativo y una virtud cristiana. Nos alegramos de
que existan estos espacios de gratuidad y atención.

2. Pero, por otra parte, nos dejan muy perplejos otras noticias que se están dando también en nuestra iglesia. Estas nos llenan de tristeza. Nos referimos expresamente alas inmatriculaciones[1]. A nuestro juicio no es un tema menor. Desde los datos que nos van llegando, este asunto está teniendo una gran repercusión tanto dentro de la propia casa, entre los hermanos y hermanas más conscientes, como fuera de la propia Iglesia.

Si fueran ciertos (cfr. Asociación Recuperando) estaríamos ante un escándalo monumental que llena de descrédito a la Iglesia católica, y de vergüenza a los que, por voluntad propia, seguimos perteneciendo a la misma.

* Se habla de que la Iglesia católica ha inmatriculado, es decir, se ha apropiado, de unos 100.000 bienes del patrimonio que pertenece a toda la ciudadanía. El Gobierno del Estado, ante la reiterada insistencia de diferentes asociaciones civiles y religiosas, ha hecho público un listado de unos 35.000 bienes, cuya propietaria aparente es actualmente la Iglesia católica, y que, no se sabe bien si todos, caen bajo la sospecha de apropiación indebida.

Este listado está siendo escrupulosamente examinado por los especialistas y, de momento, ya han señalado insuficiencias y deficiencias importantes en el mismo.

En primer lugar, el listado es insuficiente porque solo cubre uno de los tres periodos en que se ha materializado el registro de propiedad de estos bienes, es decir, el período comprendido entre 1998 (reforma de la Ley Hipotecaria hecha por el Gobierno de Aznar) y el 2015 (anulación del privilegio registral de los obispos, hecha por el Gobierno de Rajoy). Los otros dos períodos —comprendidos entre los años 1946 (entrada en vigor de la Ley Hipotecaria del franquismo otorgando privilegio registral a los obispos) y 1978 (aprobación de la Constitución), y el comprendido entre esta fecha y el 1998 (Reforma de Aznar)— no aparecen en este listado. ¡Siendo más de 50 los años ausentes del listado del Gobierno! 

Pero, además, el listado es deficiente porque no permite identificar bien los bienes. Bajo la palabra “aledaños”, se encuentran otros edificios o lugares tan emblemáticos como la Giralda o el Patio de los Naranjos, descritos como “aledaños” de la catedral de Sevilla.

* Señalan los especialistas que el procedimiento ideado para resolver los posibles conflictos de propiedad de estos bienes es muy complejo y supone, de hecho, un reconocimiento oficial de la actual propiedad de la Iglesia. Porque, si alguien (persona física o jurídica) reclama la propiedad de un bien determinado, deberá denunciarla ante las administraciones competentes y probarla. Y esto supone tal multiplicación de intervenciones judiciales y tal coste para los posibles denunciantes que acabarán dejando, por imposible, el rescate. Lo que supone una amnistía encubierta para estos bienes en litigio.

3. Ante este fenómeno nos sorprende el silencio de nuestros obispos que no han salido a desmentir, oficialmente y de forma contundente, la veracidad de los hechos. No es posible pasar página cuando los datos son tan escandalosos. Pensamos que, si las cifras fueran ciertas, la inmatriculación que se ha hecho por los  obispos y registradores ha sido una monumental equivocación.

Porque no acabamos de entender qué objetivos se buscaban. La Iglesia católica, refiriéndonos a los inmuebles destinados al culto, ya los estaba usando y poseyendo con el consentimiento tácito general. ¿No era consciente de que el uso y la posesión la estaba realizando sin necesidad de contar también con la propiedad? ¿No caía en la cuenta de estar ejerciendo indebidamente un privilegio otorgado graciosamente por el franquismo y continuado en la democracia, un privilegio que va contra la igualdad y justicia que proclama la Constitución? ¿Ignoraba que se trata de bienes que pertenecen al patrimonio común, que son bienes “demaniales” que, por ser de dominio público, son inalienables, imprescriptibles e inembargables (Diccionario Jurídico de la RAE)?

4. Finalmente, no podemos olvidar que estos gestos de propiedad afectan muy directamente al contenido y esencia de la fe cristiana. Nos será difícil mantener o edificar hoy una iglesia cristiana sin tener en cuenta la actitud de Jesús ante la propiedad de los bienes. Del joven rico dice el evangelio que no pudo seguirle “porque tenía muchas propiedades”.  Y las bienaventuranzas de Lucas, el Magníficat y la Carta de Santiago son suficientes para recordarnos cómo entendían las primeras comunidades el radicalismo que supone el seguimiento de Jesús.

En este espíritu, refiriéndose al “destino común de los bienes”,  dice el Papa Francisco en la Carta Encíclica Laudato Si’: “La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada” (n.93).

Si las cosas fueran como se denuncian, vale la pena que nos preguntemos no solo por una “legalidad” hecha con privilegio, sino también por la “legitimidad cristiana” y eclesial de unos actos hechos en nombre de toda una Iglesia, (formalmente comunidad, colectividad), sin contar con los y las cristianos. ¿No es este un signo claro del patriarcalismo que contradice abiertamente el estatuto de igualdad de todas y todos en la fe?  ¿Se puede entender hoy día una institución (una Iglesia) donde los dirigentes no cuenten con los afiliados?

PROPUESTA

Ante la gravedad de estas noticias, las católicas y católicos españoles necesitamos reaccionar y unir nuestra voz a quienes desde diferentes lugares están exigiendo, de una parte, a la Conferencia Episcopal Española una explicación clara y exhaustiva de la verdad de los hechos; y, de otra, a las instituciones públicas, la anulación de las inmatriculaciones llevadas a cabo por los obispos sin documento acreditativo.

Las dimensiones de estos hechos no se agotan, a nuestro juicio, en la inmatriculación masiva de unos bienes, engloban también otros factores que nos afectan a todos los fieles católicos muy directamente, como la financiación de la Iglesia y, sobre todo, la propiedad entendida desde el Evangelio. La solución de estos problemas no está solo en manos de nuestros dirigentes, es cuestión de toda la Iglesia española. En este sentido te preguntamos:

¿Apoyas la petición de una Asamblea Nacional de la Iglesia Española (sínodo) a principio del 2022 para dar solución entre todas y todos a estos problemas?

Antes de despedirnos, esperamos vuestra comprensión y os animamos a uniros a este esfuerzo por manifestar una presencia pública de la Iglesia más cercana al evangelio.

Un abrazo cariñoso y fraterno

Comunidad Sto. Tomás de Aquino

Comunidades Cristianas Populares

Cristianos y Cristianas de Base de Madrid

Redes Cristianas


[1] En esta carta no vamos a entrar en los confusos orígenes del patrimonio religioso inmatriculado (quién fue su autor), ni en la dimensión jurídica del mismo (su legalidad y legitimidad). Dejamos este cometido a otras personas especialistas en el tema. Nos limitamos simplemente a hacernos eco de las noticias que nos están llegando estos días y a proponer alguna salida cristiana a este problema.



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